Touriño ofrece a Feijóo un pacto que impulse el voto en urna de los emigrantes

La reforma legal necesaria para que los gallegos residentes en el extranjero puedan votar en urnas con las debidas garantías sigue sin tener un horizonte definido. El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, aprovechó ayer la pregunta que el BNG le hizo sobre este asunto en el Parlamento para ofrecer al PP un pacto que impulse desde Galicia una reforma en el Congreso de la ley electoral con el apoyo como mínimo de socialistas y populares. Alberto Núñez Feijóo aceptó la oferta pero pidió que también se regulen las visitas oficiales a la emigración.

La cuestión fue suscitada por el portavoz nacionalista, Carlos Aymerich, quien se lamentó de que el problema, tantas veces planteado a lo largo de los últimos años, siga sin tener visos de solución cuando ya está todo preparado para afrontar una nueva convocatoria electoral. Aymerich advirtió de que, si no se toman medidas, existe el riesgo de que cada vez se extienda más la idea de que el voto emigrante es sinónimo de manipulación y clientelismo.

El presidente Touriño se mostró de acuerdo con el portavoz nacionalista y recordó que el voto de la emigración en urnas y con las debidas garantías es un compromiso de la Xunta. De acuerdo con los estudios realizados, ese objetivo es viable para 220.000 gallegos residentes en el exterior (el 67% del censo actual de los residentes ausentes), pero para hacerlo realidad precisa de la reforma de la ley electoral.

Para impulsar esa modificación, que está en la agenda del Gobierno central pero que debe contar con el respaldo de todas las fuerzas políticas, Touriño propuso un pacto en el que debe participar "el primer partido de la oposición" . Corresponde a la Cámara gallega liderar ese proceso", señaló el presidente, porque Galicia es la comunidad autónoma que más ciudadanos tiene en el extranjero. En estos momentos son 326.000 los que tienen derecho a voto, pero cuando se lleve a cabo al reforma del código civil que dará la nacionalidad a los nietos de los emigrantes, esa cifra alcanzará previsiblemente las 500.000 personas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, recogió inmediatamente el guante y aceptó el consenso propuesto por el jefe del Gobierno de Galicia, entre otras cosas porque "ni el PSOE en 18 años de Gobierno ni el PP en ocho" han corregido el problema. Sin embargo, Feijóo vinculó la participación del PP en el pacto propuesto por Touriño a que socialistas y nacionalistas aceptasen su propuesta -que no fue atendida- para aprobar un código de conducta en relación con los viajes institucionales al extranjero.

Acusaciones

El diputado popular José Manuel Castelao Bragaña defendió la propuesta, que trataba de poner fin a la presencia de cargos de la Xunta en el extranjero costeada a través del presupuesto público en período preelectoral, pero dedicó la práctica totalidad de su intervención a acusar a PSdeG y BNG de cuestionar la legitimidad del derecho de los emigrantes a participar en las elecciones. Su iniciativa proponía que los viajes sólo pudiesen llevarse a cabo con cargo a fondos de los partidos durante las semanas previas a cada elección y que no pudiesen hacerse promesas relacionadas con las la acción pública.

Los representantes de los grupos que apoyan al Gobierno, a su vez, negaron legitimidad al PP para hacer una propuesta cuyo contenido fue incumplido por la Xunta durante los 16 años de gobierno de Manuel Fraga. Iago Tabarés (BNG) recordó a los populares que si de verdad creen en su propuesta la hagan cumplir en las diputaciones y municipios en los que gobiernan, muchos de cuyos responsables están estos días desplazándose a América con cargo al presupuesto de sus respectivas corporaciones. La iniciativa, subrayó Marisol Soneira (PSdeG), es "una moción de censura" a los años de gobierno de Manuel Fraga.

Ambos portavoces rechazaron la viabilidad de la propuesta del Partido Popular, entre otros motivos porque vetaría la presencia de cargos públicos de la Xunta en América a lo largo de la tercera parte de lo que queda de legislatura, y apostaron por resolver este asunto mediante la autoregulación de los partidos políticos.