El debate sobre el urbanismo

La Eurocámara condena la tolerancia con el urbanismo salvaje en la costa

La Comisión de Peticiones aprueba el informe que carga contra el "enladrillado" del litoral

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó ayer por 13 votos a 3 un demoledor informe sobre las tropelías del urbanismo salvaje español, así como varias recomendaciones para ponerles freno. El informe se centra en "el 'enladrillado' del litoral" mediterráneo, en particular el valenciano, sometido a "un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural". El consejero de Territorio, Esteban González Pons, calificó en Bruselas el informe de "inquisitorial e injusto" por centrarse en Valencia "cuando en toda España se construye igual".

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A la Comisión no le costó mucho aceptar los duros términos de este informe, según el cual "en ningún otro país de la UE se han violado de tal modo y en tal magnitud los derechos de propiedad de los ciudadanos ni se han recibido peticiones sobre este tema de ningún otro Estado miembro de la UE". El documento es fruto del viaje realizado entre el 27 de febrero y el 3 de marzo por dos eurodiputados (el polaco Marcin Libicki, del partido de los hermanos Kaczynski, y el laborista británico Michael Cashman) a Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.

"Lo que está ocurriendo a lo largo del litoral mediterráneo español no es tanto desarrollo sostenible programado de las comunidades locales -aunque tal desarrollo también se produzca- cuanto, con frecuencia, un expolio de la propia comunidad y de su patrimonio cultural", señala el informe. El documento menciona también los graves obstáculos encontrados en su visita a la Comunidad Valenciana, donde el equipo investigador "halló una actitud más arrogante y donde se le facilitaron menos explicaciones".

La Comisión aprobó, con los votos de socialistas, verdes y liberales, las recomendaciones del informe, donde se insta a las comunidades autónomas a crear, con la participación de los defensores del pueblo locales, comisiones de arbitraje -la redacción inicial menciona "tribunales administrativos especiales", pero se varió la redacción-, a los que puedan tener acceso sin costes las personas directamente afectadas por proyectos urbanísticos. También se pidieron valoraciones económicas acordes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y el de los Derechos Humanos cuando se imponga una compensación por pérdida de la propiedad.

Pese al voto en contra de tres eurodiputados populares españoles incluido el suyo propio, Luis Herrero dijo: "Con este informe básicamente estamos bastante de acuerdo". La intervención de su compañero de partido Carlos Iturgaiz fue de rechazo frontal al contenido del informe, del que dijo que su objetivo es "desgastar" al Consell.

El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein lamentó que el territorio valenciano "se haya convertido en el salvaje oeste europeo", mientras el parlamentario socialista Joan Calabuig recriminó la actitud de la Generalitat porque no ha defendido adecuadamente los intereses generales de los valencianos en esta cuestión.

González Pons, que pudo haber tomado la palabra en la Comisión, decidió no hacerlo finalmente. Éste cree ver intereses espúreos en la singularización de la Comunidad Valenciana "cuando en toda España se construye igual" y lamenta los onerosos costes en imagen, inversión y turismo que puede suponer semejante documento, que calificó de "inquisitorial e injusto".

Este último informe acaba aquí su recorrido. Aprobadas las recomendaciones en la Comisión, el contenido no se remitirá al pleno del Parlamento Europeo. Los dos representantes de la Comisión Europea -el del Mercado Interior y el de Medio Ambiente- explicaron que en junio se decidirá si el expediente abierto a España por falta de transparencia en los contratos públicos se remite al Tribunal de Justicia Europeo. También confirmaron que la Comisión ha abierto 19 expedientes contra España por abusos relacionados con atentados al medio ambiente.

Los miembros de la delegación de eurodiputados durante su visita a Valencia el pasado marzo.
Los miembros de la delegación de eurodiputados durante su visita a Valencia el pasado marzo.SANTIAGO CARREGUÍ

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