10 casos para la denuncia

Los eurodiputados resumen en su informe las denuncias de los afectados con los que se entrevistaron en su última visita.

- Catral. La Generalitat retiró en octubre de 2006 las competencias urbanísticas debido a la construcción de 1.270 viviendas ilegales en los alrededores del parque natural de El Hondo. La medida, valoran los europarlamentarios, "parece haber sido efímera", ya que estas viviendas se están acabando y vendiendo en Reino Unido.

- Rojales. Los afectados denunciaron los PAI de El Rasón y El Limonar, donde se han deforestado zonas de pino mediterráneo, mientras las viviendas ocupan toda la superficie que se extiende hasta la orilla de la laguna. Los proyectos afectan a la zona de protección del Parque Natural de Las Lagunas de la Mata y Torrevieja.

- San Miguel de Salinas. Un centenar de vecinos denunciaron al PE la destrucción de su entorno local, la falta de servicios básicos y la contaminación del agua suministrada, tema sobre el que, según los afectados, las autoridades locales y regionales no han hecho nada desde que se denunció hace dos años.

- Orihuela. Afectados por la urbanización de Los Almendros aseguraron que están siendo obligados a ceder un 60% de su suelo. El proyecto se asienta en una zona considerada parque natural. Un grupo de ciudadanos, agrupados en torno al colectivo Claro, explicaron que las autoridades han vulnerado el derecho al sufragio de los ciudadanos comunitarios en las elecciones locales. De las 18.000 solicitudes de voto enviadas a residentes comunitarios no españoles el pasado septiembre, 11.000 fueron devueltas por deficiencias en el servicio postal.

- Parcent. Tres enclaves de esta localidad son objeto de proyectos urbanísticos que incrementarían en una década la población de 900 a 10.000 habitantes. El presidente de la asociación de vecinos La Repla, donde está previsto levantar 1.500 nuevas viviendas, denunció la construcción de miles de viviendas de vacaciones, sin estudio de impacto ambiental y sin informe sobre la suficiencia de recursos hídricos.

- Benissa. Afectados de Altea, la Vila Joiosa, Mutxamel, L'Alfàs, Monòver, Tibi y Dénia, entre otros, reclamaron por la falta de agua, la ausencia de declaraciones de impacto ambiental, los problemas en la elección del urbanizador, las acusaciones de corrupción, las contribuciones excesivas, los costes arbitrarios, y la "expropiación" de terrenos adquiridos legítimamente.

- Mestrets. Una pequeña localidad costera de Castellón en la que 42 viviendas habitadas de manera permanente habrán de dejar paso a la construcción de 6.000 nuevas residencias. Los vecinos deberán de contribuir económicamente al desarrollo urbanístico, en virtud del cual la mayoría perderán su vivienda. Han pedido que se les realoje.

- Cabanes. Los peticionarios afirman que el proyecto urbanístico de Marina d'Or aumentará la población de los 3.000 habitantes a 125.000 en verano. Se ha planificado la construcción de 24.000 viviendas, tres campos de golf y el parque temático Mundo Ilusión. Los apartamentos están junto a un parque natural y no hay garantías de agua.

- Valencia. Varios colectivos, convocados por Abusos Urbanísticos No, denunciaron la afección del nuevo Mestalla, la urbanización de la huerta de Alboraia, y un largo listado de agravios.