La Sindicatura pide que se aclaren sus tareas y las de la Oficina Antifraude

El síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Joan Colom, reclamó ayer al Gobierno catalán que la futura ley de la Oficina Antifraude, el proyecto en defensa de la transparencia institucional que tantos quebraderos de cabeza le llevó al anterior Ejecutivo, "delimite claramente" las competencias de ambos organismos. "El fraude es una cosa y las irregularidades, otra", considera Colom, que el martes fue ratificado en el cargo por el presidente de la Generalitat, José Montilla.

Montilla se ha comprometido a poner en marcha la Oficina Antifraude esta legislatura, pero no ha aclarado sus funciones. El Consejo Consultivo propinó un serio varapalo al proyecto. Entre otros puntos, por considerar inconstitucional la fiscalización de los ayuntamientos. "Seremos cuidadosos", se limitó a decir hace un mes Montilla en la presentación de su plan de Gobierno.

Joan Colom, que ayer presidió en Barcelona una conferencia de presidentes de los 12 tribunales autonómicos de cuentas, urgió a que se ponga en marcha y, frente a la voluntad de CiU de que sea la propia Sindicatura quien asuma las tareas de la Oficina, defendió la complementariedad de ésta con el órgano que dirige. "Nosotros no tenemos ningún celo, nunca hemos pedido atribuciones antifraude", recordó.

"Para detectar el fraude se tiene que actuar ex ante o durante una gestión determinada y, en cambio, la Sindicatura actua ex post. Pero con los datos que recaba puede contribuir a detectar áreas de riesgo de fraude", explicó."No podemos esperar más; si

figura en los planes del Ejecutivo, hay que hacerlo ya", espetó.

En los últimos tres años en que la Sindicatura ha sido presidida por Colom, esta institución ha aprobado un total de 111 informes de fiscalización, a un ritmo de 40 informes por año. En 2003, aprovó sólo 13. Su presupuesto de funcionamiento es de 12,3 millones de euros, frente a los 4,7 millones de 2003, y a final de año contará con 135 empleados. Colom lamenta la falta de juristas y servicios logísticos.