Una ley poco eficaz

Hace año y medio fue finalmente aprobada una ley muy útil con la que se pretendía regular la propaganda institucional. La intención no era otra que la de frenar el abuso de tanto autobombo de éxitos -a veces ciertos, otras no- de gestión política. Sin embargo, el tiempo ha demostrado lo poco eficaz que está resultando la llamada Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, que entró en vigor en diciembre de 2005. Es verdad que la publicidad irregular de la Administración central parece haber desaparecido, pero no así la que emana de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Lo más irrisorio es que la comisión encargada de su cumplimiento se declara incompetente, y así se ha puesto de manifiesto en los recursos interpuestos contra presuntos casos de publicidad ilegal de las administraciones locales. ¿Para qué sirve entonces elaborar una ley cuando luego se reconoce la dificultad de aplicarla?

Cabría aquí evocar el triste dicho de la picaresca nacional, según el cual "hecha la ley, hecha la trampa". El Gobierno central afirma que cualquier denunciante de una abusiva campaña institucional no tiene más vía que la de acudir a los tribunales ordinarios; eso sí, amparándose en que existe ya una normativa, pero con el inconveniente de la lentitud que comporta la resolución de cualquier demanda administrativa.

Así ha sucedido con la protesta formulada por Izquierda Unida contra el Ayuntamiento de Madrid, en manos del PP, por la campaña televisiva defendiendo las numerosas obras de infraestructura que el alcalde Ruiz-Gallardón ha realizado durante esta legislatura y que ha costado más de un millón de euros. E igualmente ha ocurrido con la del PP contra el gobierno del PSOE en Getafe (Madrid) o con la del Cabildo Insular de Tenerife contra varios de los ayuntamientos del sur de la isla. Una cuarta, presentada por la Generalitat valenciana contra el Ministerio de Medio Ambiente, ha sido desestimada por incumplir los requisitos.

Pero eso no significa que no abunden bastantes más casos (Barcelona, Cádiz, Córdoba, Jaén, etcétera). Y qué decir de la Comunidad de Madrid, que destina en publicidad institucional anual unos 160 millones de euros, más de la mitad de lo que dedica la Administración central, incluso con campañas que no se ajustan del todo a la realidad como la de las listas de espera en los hospitales públicos. ¿No es ya hora de que nuestros gobernantes entiendan que hacer uso alegremente de los fondos públicos para ensalzar su gestión es un fraude intolerable?