Enfermos de uranio, víctimas de la administración
El Ministerio de Trabajo exige nuevas pruebas a los ex empleados de la Fábrica de Uranio de Andújar para reconocerles la enfermedad profesional. La mitad de ellos ya ha muerto por las radiaciones
A sus 67 años, José Soto está convencido de que en torno a la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) se ha larvado una maldición. No sólo porque la mitad de los 126 trabajadores que conformaron la plantilla entre 1959 y 1981 ya han fallecido por distintas patologías asociadas a la exposición a radiaciones provocadas por la extracción de uranio, sino también porque llevan 15 años luchando de modo infructuoso para que se les reconozca la enfermedad profesional.
Desde el año 1995, los antiguos empleados de "la nuclear", como se conocía a la fábrica en Andújar, se han sometido a tres reconocimientos médicos como exigencia previa de las autoridades sanitarias para que se les reconozca su enfermedad profesional por su exposición durante 22 años al uranio. En todos los casos, asegura José Soto -que es el presidente de la asociación de ex trabajadores-, los médicos vincularon sus dolencias con su trabajo en contacto con el uranio, pero ninguno de ellos se atrevió a firmar que existía relación causa-efecto, un requisito imprescindible para el reconocimiento de enfermedad profesional.
Fueron 22 años de calvario, y una mera "experiencia piloto" para los responsables
"No habrá problema en reconocer la gravedad de los hechos", dijo Caldera en 2005
La Fábrica de Uranio de Andújar (FUA) trataba mineral de uranio para la obtención de concentrado de óxido de uranio con una pureza del 80% al 90%, que, posteriormente, se transportaba en bidones a Francia o Estados Unidos para su utilización en los reactores de las centrales nucleares. Los trabajadores aseguran que tenían que realizar su actividad sin apenas medidas de protección.
"Apenas teníamos un mono de trabajo y unos guantes de goma", comenta Soto, que recuerda que el polvo amarillo se metía en los ojos, la boca y la nariz. Según unos análisis de orina del año 1964, los empleados tenían en torno a 116 microgramos de uranio por litro, cuando el límite de seguridad estaba en 0,8 microgramos.
Pero los trabajadores no eran conscientes del peligro que corrían, pues el dosímetro personal que portaban siempre estaba defectuoso. Fueron 22 años de calvario para 126 trabajadores, pero una mera "experiencia piloto" para los responsables de la FUA, según admitió el director, José Perarnau, que fue uno de los 13 imputados tras la querella que presentó la asociación de ex trabajadores y que se archivó en el año 2002 por falta de pruebas.
El doctor Martínez de la Concha, del hospital Reina Sofía de Córdoba, emitió en su día un informe médico a partir del estudio de 52 trabajadores y 22 historias médicas de fallecidos. En el mismo se indicaba que un 55,7% presentaba algún tipo de enfermedad del aparato circulatorio, el 54% padecía artrosis, el 30% tenía alguna afección de próstata y el 13,5% presentaba enfermedades en la piel.
En el año 2005, poco después de que el Congreso aprobara por unanimidad de todos los grupos políticos una iniciativa para dar respuesta a estos trabajadores, el Ministerio de Trabajo y la Junta de Andalucía firmaron un protocolo que intentaba hacer efectivo el mandato parlamentario. "Desde una perspectiva política, no habrá, y me comprometo a ello, ningún problema en reconocer la gravedad de los hechos y en buscar una solución", dijo el ministro Jesús Caldera en septiembre de 2005.
Sin embargo, lejos de encontrar una solución a sus demandas, los antiguos trabajadores de la FUA han recibido una nueva decepción. La consejera de Salud del Gobierno andaluz, María Jesús Montero, asegura que su departamento "ha cumplido con todos los compromisos fijados en el protocolo" (con las pruebas médicas practicadas), y señala que, a partir de ahora, corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) determinar la existencia o no de enfermedad profesional. Desde el Ministerio de Trabajo, un portavoz confirmó que el protocolo sigue su curso y que el INSS deberá analizar ahora caso por caso.
Para la asociación de ex trabajadores esta nueva exigencia supone un mazazo a sus aspiraciones. Por todo ello, los antiguos empleados de la FUA, las viudas y sus familiares estudian nuevas movilizaciones al sentirse, una vez más, defraudados por la clase política. "Nos sentimos engañados por el PSOE y por el PP, y también nos da la espalda el Ayuntamiento de Andújar [gobernado por el PP y el PA]", denuncia José Soto.
La antigua FUA permanece hoy enterrada en un enorme montículo a las afueras de Andújar, gracias al plan de clausura aprobado en 1991 por el Ministerio de Industria y Energía con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear. En la montaña resultante de ese enterramiento crecen ahora, a duras penas, algunos de los 2.000 árboles plantados en su día para restaurar la zona. La asociación de ex trabajadores asegura que debajo de ese enorme montículo hay enterrados 5.500 curios de uranio.
Antonio Fernández / Ex trabajador. "Cuando llegaba a casa escupía amarillo"
Alrededor de la FUA ha existido siempre un halo de misterio entre la población de Andújar. Entre las propias familias se hablaba muy poco de cómo era la vida en el interior de la escombrera. El motivo era otro el documento que los trabajadores tenían que firmar cuando entraban en la fábrica donde se comprometían a no dar información alguna sobre la FUA. "Parecía que firmábamos un secreto de Estado", recuerda indignado Antonio Fernández, que estuvo algo más de 22 años en la FUA. Sin embargo, a pesar de sus dolencias en las rodillas, la próstata y el pecho, hoy se considera un privilegiado porque aún lo puede contar: "Estoy vivo porque hice caso a mis hijos y rechacé el traslado a otra escombrera en Don Benito (Badajoz)", comenta Antonio."Nos daban un mono para trabajar que tenía que llevar a mi casa para lavar, mezclándolo con el resto de la ropa de mi familia. Y teníamos unas mascarillas de papel que no protegían nada, por eso cuando llegaba a casa escupía uranato amarillo". Antonio, que es el tesorero de la asociación de ex trabajadores, reivindica el reconocimiento de enfermedad profesional para dignificar su pensión y, sobre todo, "para que se haga justicia y se nos compense por todo lo que sufrimos en esas instalaciones". Antonio no quiere ver la FUA ni en pintura. Tanto es así que prohibió a sus nietos asistir a las visitas guiadas organizadas por Enresa para divulgar las bondades del plan de clausura.
Sacramento Rodríguez / Viuda. "Iban como corderos al matadero"
Sacramento Rodríguez (72 años) lleva casi media vida como viuda. Su marido murió con sólo 42 años después de caer enfermo, tras pasarse 13 años y medio trabajando en la FUA. "No sabían que iban como corderos al matadero", subraya Sacramento, mientras señala el lugar donde está enterrada la antigua escombrera de uranio de Andújar: "Ahí están las vidas de nuestros maridos", dice, con amargura. Su marido trabajó en la sección de concentrados: "Parecía mi padre de lo envejecido que estaba, llegaba muy cansado a casa y echaba espuma por la boca. Le dieron de baja y enseguida falleció", cuenta Sacramento, que aún no ha podido borrar de su mente lo que le dijeron los médicos que atendieron a su marido: "Tienes que decir que ha muerto de enfermedad común y a callar".La cuestión es que Sacramento se quedó viuda muy joven, con una pensión de 5.000 pesetas y tuvo que trabajar de costurera para sacar adelante a sus cuatro hijos de entre 11 y 15 años. Hoy es una de las 33 viudas que forman parte de la asociación de ex trabajadores de la FUA y que reivindica que el reconocimiento de la enfermedad profesional se haga extensivo también a ellas con el fin de poder mejorar sus actuales pensiones, que en el caso de Sacramento es de 490 euros. Ella tiene claro que tanto su marido como el resto de los empleados estuvieron engañados en todo momento.
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