El Gobierno carece de plan alguno para retirar a la Ertzaintza de las cárceles

El Ejecutivo "no excluye nada" si la Administración central no transfiere la competencia

El Gobierno no tiene por ahora planes para proceder a la retirada de las tres prisiones vascas del servicio que presta la Ertzaintza, como sugirió el viernes pasado al lehendakari, Juan José Ibarretxe, el parlamentario del PNV José Antonio Rubalkaba. Fuentes del Ejecutivo señalaron sin embargo, que la adopción de esa medida no se descarta si la Administración central se enroca en su negativa a transferir las competencias penitenciarias. El Gobierno ya denunció en febrero el convenio que rige la prestación de otros servicios en las cárceles y que debe renovarse este mes.

No hay una decisión, pero tampoco se excluye nada. Ésa es por el momento la posición del Gobierno en relación con la retirada de la Ertzaintza de los servicios de seguridad que presta a las tres cárceles vascas y sobre la que el portavoz del PNV lanzó un emplazamiento directo al lehendakari en el pleno del Parlamento el viernes pasado. En el aire quedó la duda de si se trató de un arrebato o si latía detrás alguna intención del Gobierno en ese sentido.

Ni lo uno ni lo otro, señalaron fuentes del Ejecutivo después. Ni Rubalkaba dijo lo que dijo sin ningún fundamento ni tampoco existe un plan preciso, añadieron.

El Gobierno abordó en su reunión de ayer la cuestión, aunque la portavoz, Miren Azkarate, no se refirió a ella en su comparecencia posterior. En todo caso, la advertencia parece enmarcada en una dinámica del Ejecutivo para forzar la transferencia de las cárceles, pese a la resistencia del Gobierno central y su posición de que la política penitenciaria seguirá siendo competencia suya mientras exista el terrorismo, porque es un elemento de la lucha contra él.

El Gobierno ya denunció en septiembre del año pasado el convenio marco por el que la comunidad autónoma presta diversos servicios en las tres prisiones, con un coste de cuatro millones de euros anuales. Se trata de materias dependientes de los departamentos de Sanidad, Educación, Vivienda y Asuntos Sociales y Justicia.

La reclamación de la competencia en materia penitenciaria es prioritaria, junto con las de investigación y políticas activas de empleo, según los medios consultados en el Ejecutivo, cuatro días después del amago de Rubalkaba en relación con las funciones de la Ertzaintza. La policía vasca se encarga de la seguridad exterior de las cárceles y de la custodia de reclusos en traslados dentro de la comunidad.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Por el momento, el Gobierno logró en ese pleno lo que quería: el respaldo del Parlamento a su exigencia de convocatoria inmediata de la Comisión Mixta de Transferencias, realizada por decisión del consejo de Gobierno en septiembre del año pasado.

Renuncia o coherencia

El Departamento de Interior es el que mayor distancia muestra a la hora de pensar en una iniciativa tan drástica, que supondría la vuelta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al cometido que desarrolla ahora la policía vasca. "Eso sería renunciar a una competencia. No hay ninguna intención ni ningún plan para modificar la situación actual", dijeron fuentes de ese Departamento a este periódico.

Otras fuentes gubernamentales añadieron, sin embargo, que, dependiendo de cuál sea la actitud de la Administración central una vez que se les comunique el acuerdo adoptado ahora por el Parlamento, "tampoco se descarta nada". Es una cuestión de coherencia, se afirma. "O tenemos o no tenemos competencias. Y el hecho es que llevamos muchos años gastando mucho dinero en una cuestión que está sin transferir", resaltan esas fuentes.

Desde el Ejecutivo se rebate con contundencia el principal argumento de la Administración central, que también fue el del portavoz del PSE-EE, Rodolfo Ares, en el pleno del viernes pasado, cuando se debatió la cuestión: la política penitenciaria forma parte de la lucha antiterrorista y, mientras haya violencia, el Gobierno retendrá esas competencias.

En el Ejecutivo autonómico se desmonta con el siguiente razonamiento: el Gobierno central y la Administración penitenciaria tendrán siempre la potestad de decidir en qué cárcel está cada recluso. Es decir, podría transferir las tres cárceles y mantener fuera de ellas a los presos de ETA. Y el día en que esos reclusos estén en las prisiones de la comunidad autónoma será porque el terrorismo se ha acabado, lo que, dando la vuelta a la propia argumentación socialista, levantaría los obstáculos ahora aducidos.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS