El jefe de ETA ordenó a un 'comando' vigilar a Savater y a policías dos meses después de la tregua

Apenas tres meses después de decretar el "alto el fuego permanente", ETA dio órdenes, en mayo de 2006, de reactivar el comando de información Urederra, para servir de enlace al jefe de los milis, Garikoitz Azpiazu, Txeroki, y marcar objetivos de posibles atentados, según el relato del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno Chamarro, que ayer envió a prisión a seis de los siete presuntos etarras detenidos la pasada semana. Entre esos objetivos, ETA había encomendado al comando de información la vigilancia del filósofo y escritor Fernando Savater, integrante del movimiento Basta Ya, y del testigo protegido del caso Lasa y Zabala, Pedro Luis Miguéliz, Txofo, así como de un policía nacional del barrio de Amara, en San Sebastián, y dos agentes de la Ertzaintza de Tolosa (Guipúzcoa).

La Guardia Civil encuentra en un local de ETA la multicopista de los boletines internos y capuchas que usan los etarras

Entre la documentación incautada figuran informaciones sobre políticos del PP y al menos cinco cargos intermedios del PSOE

El juez Ismael Moreno ordena el ingreso en prisión de seis de los primeros siete detenidos del 'complejo Donosti'

El comando Urederra lo integraron José Ángel Lerín Sánchez, miembro legal (no fichado) de ETA, y Alejandro Zobaran Arriola, al que Txeroki asignó el alias orgánico de Jacinto. Una de las misiones era servir de enlace entre el miembro liberado (a sueldo) conocido como Ehun y Txeroki. Su actividad se circunscribía a realizar informaciones, además de sobre Savater o Txofo, sobre intereses del Estado, tales como oficinas de correos, bancos, etcétera.

El director general de la Guardia Civil y la Policía, Joan Mesquida, manifestó ayer en Bruselas que de la información obtenida tras la desarticulación del comando Donosti de ETA "no se desprende que [los etarras] tuvieran un objetivo concreto e inmediato para un atentado terrorista, ni órdenes concretas para actuar", informa Andreu Missé. Precisó, sin embargo, que "la investigación ha puesto de manifiesto que ETA tiene capacidad operativa, explosivos, activistas y armas, por lo que en cualquier momento puede cometer atentados". Mesquida calificó la desarticulación del comando "como la operación más importante realizada en España contra ETA en los últimos años".

Objetivos del PP y PSOE

El juez también atribuye al detenido Arkaitz Agote Cillero el delito de pertenencia a ETA y haberse integrado, junto con Sergio Lezcano, en un comando de información cuyo responsable era Xavier Abaunza, con el que realizaron seguimientos a políticos del PP y PSOE (al menos cinco cargos, entre ellos Mayte Pagazaurtundua) de la zona de San Sebastián desde 1999 hasta mayo de 2003. También hicieron labores de información sobre guardias civiles, policías y ertzainas hasta que fue detenida la responsable del comando, Ainhoa García Montero.

En septiembre de 2004, Agote volvió a integrarse en ETA, y el 20 de mayo de 2005 colocó, junto a otros, 10 artefactos explosivos en diferentes carreteras de España los días 29 y 30 de julio. Pero los atentados no se llevaron a cabo y guardaron el material, que luego sirvió para emplearlo en otros atentados. En septiembre de 2006, Agote se integró en el complejo Donosti como miembro legal del mismo, junto con Lerín, Juan Carlos Herrador y el miembro del complejo Donosti Xarla, encargándose de recopilar informaciones sobre objetivos, que guardaba en soporte informático en su domicilio, entre las que se han encontrado datos sobre Txofo y un militar de Loyola.

Juan Carlos Herrador, también presunto miembro de ETA, alojó a miembros liberados de la organización y realizó funciones de correo y lanzadera sobre objetivos de ETA. En su domicilio se incautó diferente material explosivo. El juez también ha enviado a prisión a la novia de Herrador, Lorea Irigoyen Arbizu, por haber colaborado presuntamente en dos ocasiones con ETA al recoger y trasladar a Lerín Sánchez.

También por presunta colaboración con ETA han ido a prisión Iñigo Orue Magarzo e Itziar Aguirre Castellanos por haber trasladado o alojado a Lerín y otros liberados de la organización. En el domicilio de Itziar Aguirre se encontró material explosivo, detonadores y placas de matrículas.

Una docena de huidos

Mientras se producían estas detenciones, una decena de personas huían de sus domicilios. Están siendo buscadas por la Guardia Civil, según informaron fuentes relacionadas con la investigación a la agencia Vasco Press. Sus filiaciones han sido obtenidas de las declaraciones de los detenidos en la operación contra el comando Donosti.

A los siete detenidos en la primera fase de la operación se han añadido otros tres que fueron capturados el domingo: Unai Lamariano y Sergio García Lazkano, vecinos de San Sebastián, y Joseba González Pavón, de Pamplona. Los tres permanecían ayer en dependencias policiales de Madrid.

De los huidos, cuatro son de Navarra y otros cuatro de la localidad guipuzcoana de Hernani. La Guardia Civil acudió a sus domicilios sin llegar a localizarlos. Es el caso de Iñaki Lerín Sánchez, hermano del presunto jefe del comando Donosti, que guardaba en una lonja de su propiedad, en la localidad navarra de Berriozar, 170 kilos de explosivo. También en Navarra, la Guardia Civil acudió a las 4.30 del lunes al domicilio de Ugaitz Astiz, situado en la calle Cascante, de Pamplona, sin conseguir su arresto por encontrarse ausente. También ha trascendido el nombre de otro vecino de Pamplona, Mikel Olza, que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

Otro de los que están siendo buscados, según fuentes de la investigación, es el vecino de Hernani Urtzi García Montero, de 27 años, hermano de la miembro de ETA Ainhoa García, Laia, actualmente encarcelada en Francia. García Montero fue detenido por la policía en 1996 acusado de formar parte de un grupo de violencia callejera, por lo que permaneció un mes en prisión, al cabo del cual fue puesto en libertad.

[Los dos presuntos etarras detenidos el jueves pasado en el suroeste de Francia después de saltarse un control de aduanas fueron procesados ayer por una juez antiterrorista de París y encarcelados, informaron a Efe fuentes próximas al caso. Se trata de Juan Carlos Yurrebaso Atutxa, de 51 años, y de Kepa Mirena Suárez Ugarte, de 47. Han sido imputados por asociación de malhechores con fines terroristas, infracción a la legislación sobre armas y municiones, documentación falsa, matrículas falsificadas y receptación de robo en banda organizada].