IG Metall se querella contra Siemens por haber financiado un sindicato amarillo

El poderoso sindicato metalúrgico alemán IG Metall, el mayor del mundo, con 2,4 millones de afiliados, presentó ayer una querella penal contra el consorcio Siemens por la sospecha de que ha financiado y favorecido a un sindicato amarillo con pagos por un importe de 34 millones de euros.

La fiscalía de Núremberg ya encarceló hace meses a Wilhelm Schelsky, presidente del sindicato sospechoso denominado grupo de trabajo de miembros de la empresa independientes (AUB), y a Johannes Feldmayer, miembro de la presidencia de Siemens, bajo la sospecha de desfalco y de sobornos para favorecer la actividad sindical de AUB.

La demanda del IG Metall representa un hecho insólito en Alemania. El mayor sindicato acusa por la vía criminal a una de las seis grandes empresas alemanas, la mayor del país por su valor de mercado y la sexta por volumen de negocio. El presidente del IG Metall, Jürgen Peters, declaró ayer al anunciar la demanda: "Tenemos la sospecha e indicios de que AUB se financió por medio de Siemens con la intención de crear una especie de sindicato anti-IG Metall". El directivo de Siemens Feldmayer pagó a Schelsky, sin motivo ni contraprestación suficiente según la fiscalía, hasta 34 millones.

Se sospecha que buena parte de esa suma se dedicó a financiar el sindicato amarillo que en Siemens tenía bastante influencia a costa del IG Metall. AUB controlaba a 19.000 representantes sindicales en toda Alemania y se define como un sindicato "opuesto a la lucha de clases". En las disputas empresariales, AUB tomaba partido por las posiciones de la patronal.

Se trata del segundo escándalo en poco tiempo en que una gran empresa alemana se ve involucrada en un caso de sobornos a sindicalistas. En Siemens, a diferencia de Volkswagen, no hay meretrices y fornicación gratuita de por medio. Además, en el caso del consorcio automovilístico los corruptos, alguno ya condenado en firme, estaban afiliados al IG Metall.

En ambos casos, además de desfalco y delitos fiscales, la acusación se basa en delitos contra la ley de constitución de las empresas. En su artículo 119 la citada ley castiga con hasta un año de cárcel o multa impedir o influir en la elección del comité de empresa. La fiscalía tiene que actuar a instancia de parte, en el caso de Siemens el IG Metall.

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El vicepresidente del IG Metall, Berthold Huber, destacó que en Siemens no se trata de faltas de representantes sindicales aislados, sino de algo sistemático en una dimensión inédita hasta ahora, que "exige la intervención de la fiscalía que cuenta con medios para investigar la dimensión de los hechos". El escándalo de Siemens pone en entredicho la fama del anterior presidente del consorcio Heinrich von Pierer, el empresario mimado del canciller socialdemócrata Gerhard Schröder y al que la canciller Angela Merkel ofreció la cartera de Economía.

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