Caride no evaluará el Plan de Vigo hasta que el pleno lo apruebe

La conselleira de Política Territorial, María José Caride, respondió ayer al Gobierno de Vigo que no entrará a analizar el Plan Xeral hasta que sea aprobado en pleno, aunque mantuvo el compromiso de concluir su análisis en 30 días. Caride, que ayer devolvió toda la documentación a la alcaldía viguesa, pidió a Corina Porro que "deje de enredar" y acusó a la alcaldesa de incumplir los deberes pactados en la reunión del pasado enero.

La Xunta no volverá a pronunciarse sobre el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo hasta que el documento haya sido aprobado en pleno por el gobierno de Corina Porro. De hecho, el expediente con el resultado de las reuniones bilaterales que durante los dos últimos meses mantuvieron los técnicos de las dos instituciones fue devuelto ayer a la alcaldía de Vigo.

Después de dos meses y medio de negociaciones y varias semanas de declaraciones cruzadas entre los responsables del Gobierno gallego y del ayuntamiento, la conselleira María José Caride zanjó ayer el debate con una advertencia: "La Xunta tiene todo el interés en colaborar con el primer ayuntamiento de Galicia, pero el planeamiento tiene que ser respaldado por el pleno municipal, de lo contrario carece de validez".

Fue sólo uno de los muchos peros que Caride puso ayer a la actuación del gobierno vigués desde enero cuando Política Territorial decidió devolver el Plan General de Ordenación Municipal a sus redactores para que corrigiesen las "importantes deficientas y el crecimiento desordenado" que preveía para Vigo.

La conselleira se preguntó si el proyecto de plan respeta la Lei de Avaliación Estratéxica Medioambiental y se mostró extrañada de que algunos de los grupos municipales que deben votar su aprobación hayan manifestado que desconocen las modificaciones introducidas durante las últimas semanas.

La titular de Política Territorial aludió a las palabras de Corina Porro en las que se comprometía a cumplir, "punto por punto y coma por coma", las indicaciones de la Dirección Xeral de Urbanismo y la acusó de crear confusión entre la ciudadanía. "¿Por qué sigue enredando sin solucionar los problemas detectados ya en 2004? Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: en el momento en que recibamos el documento aprobado nos comprometemos a estudiarlos en un mes, pero que nadie diga que el plan general está en Santiago, porque no ha sido aprobado por el ayuntamiento", explicó.

La responsable de Urbanismo lamentó que el gobierno vigués hubiese decidido rematar la comisión bilateral sin que ésta hubiese concluido sus trabajos y quiso desvincular las decisiones de su departamento de la precampaña hacia las municipales. "Parece como que alguien quiera poner la venda, antes de la herida, y esta consellería no se presenta a las elecciones, y tampoco es este departamento el que no hizo los deberes de la reunión del día 19", concluyó.

Caride se esforzó en explicar que los técnicos que señalaron las deficiencias del documento presentado por el Ayuntamiento de Vigo son los mismos que trabajaban para la Administración del PP y que las carencias señaladas en el análisis de la Urbanismo son las mismas que las que contempló hace tres años el entonces vicepresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Para ejemplificiarlo recuperó unas declaraciones de su antecesor en el cargo en las que Feijóo argumentaba que las insuficiencias detectadas en el informe inicial trataban de lograr la máxima seguridad jurídica para los ciudadanos.

"Pienso lo mismo que él", afirmó, sin atreverse a pronosticar si el Plan General podría ser aprobado antes de los comicios. "Nos comprometemos a estudiarlo en un mes, cuando haya sido aprobado", dijo.

Excepción para A Illa

Ya por la tarde, en una vista a la Illa de Arousa, Caride anunció que el municipio isleño será la primera excepción que su departamento establecerá en el Plan Integrado del litoral que prohibirá construir a menos de 500 metros de la costa, dado que supondría prohibir la edificación en la totalidad del municipio. La conselleira anunció que en seis meses la Xunta podría tener listo el avance del plan que contemplará la singularidad de A Illa.