El Estado valora en 8,4 millones de euros el pazo Baión que administró el narco Oubiña

Un organismo integrado por los ministerios de Interior, Economía y Sanidad estudia la fórmula para que el Pazo Baión, símbolo del enriquecimiento de los narcotraficantes gallegos, pase a manos privadas, después de que la sociedad estatal de tasación haya valorado la propiedad en 8.4 millones de euros. La empresa Freixenet, que actualmente explota las instalaciones, ya ha mostrado su deseo de hacerse con un pazo que el Gobierno pretende adjudicar a través de una venta directa que asegure los mayores ingresos e impida a los narcos recuperar la propiedad.

Es la propiedad de más valor de cuantas ha intervenido la Audiencia Nacional a narcotraficantes y pronto pasará a manos privadas. La sociedad estatal de tasación Segipsa acaba de cifrar en 8,4 millones de euros la última valoración del Pazo Baión y ahora sólo queda decidir la fórmula para su traspaso.

La mesa de coordinación de adjudicaciones del Fondo de Bienes Decomisados, en la que están representados los ministerios de Interior y Justicia, Economía y Hacienda y Sanidad, tendrá que decidir el procedimiento, la subasta pública, la venta o la adjudicación directa.

Las fuentes consultadas por este diario creen que la opción de la subasta no sería la más ventajosa por el riesgo económico que entrañaría una puja a la baja, dado que el objetivo de los responsables del Plan Nacional Sobre Drogas es obtener el mayor beneficio económico de una propiedad con un enorme potencial, sobre todo en el sector vinícola. Así que la venta directa parece ser la salida más viable del traspaso del pazo de Baión a manos privadas. Con este procedimiento, los interesados tendrían la oportunidad de presentar sus plicas, incluso ofertando precios superiores a los de la tasación. Pero las mismas fuentes admiten que el Estado tendrá que extremar las precauciones para evitar que el pazo vuelva a manos de narcotraficantes a través de testaferros, o sea recuperado por el propio Oubiña sirviéndose de sociedades instrumentales.

En la valoración del pazo no sólo se han tenido en cuenta los activos de la propiedad -como las 22 hectáreas de terreno que lo rodean y las sociedades propietarias, Oula y Albariño Baión- sino además otras parcelas que circundan la finca así como la continuidad laboral del personal que trabaja en las labores agrícolas desde que en enero de 1995 la Audiencia Nacional acordase su intervención.

Mediante un contrato con la Audiencia Nacional que expira el 31 de abril, la firma catalana Freixenet explota la finca desde hace seis años y comercializa el albariño Vionta con una producción anual de 300.000 botellas. La firma catalana embotelló la pasada campaña 325.000 botellas de las que 81.000 se han exportado. En EEUU se consumen más de 50.000 botellas de albariño Vionta, 15.000 en México y el resto se vende en Japón y Europa. Un portavoz de la empresa confirmó ayer a este diario su intención de pujar por el pazo. En caso de que el Estado optase por la adjudicación directa, Freixenet tendría preferencia de tanteo para quedarse con la propiedad.

El pazo de Baión representó la fortuna pero también la ruina de uno de los personajes más internacionales del narcotráfico en Galicia: Laureano Oubiña. Con su decomiso se cerró el primer proceso judicial abierto por la Audiencia Nacional contra el blanqueo de dinero en España.

Llegar a este punto no ha sido fácil y la Audiencia Nacional ha tenido que superar farragosos escollos legales y recurrir al levantamiento del velo, es decir, decretar que las sociedades propietarias del pazo eran una pantalla para encubrir al matrimonio Oubiña-Lago y que con esta propiedad ambos habían de hacer frente a las deudas contraídas con la Justicia desde que fueran detenidos en la operación Nécora.

En junio de 2004 una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional acordó la adjudicación de la propiedad al Estado, así como el decomiso de las participaciones de las sociedades propietarias, Comercial Oula, Albariño Baión y las panameñas Fashion Earringns y Pilville Ranger Corporation.

Desde entonces el Plan Nacional sobre Drogas administra el inmueble a través de la Ley de Fondo, y los beneficios que generan estos activos serán destinados a programas de prevención, rehabilitación y reinserción social de los drogodependientes, así como a la mejora de equipos policiales que intervienen en lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de dinero procedente de la droga.