Un juzgado obliga a readmitir al ex jefe de la policía de Marbella

El juzgado número 3 de lo Contencioso Administrativo de Marbella (Málaga) ha obligado a la comisión gestora a readmitir a Rafael del Pozo, jefe de la Policía Local en la época del GIL y detenido en tres ocasiones por el caso Malaya. El pasado 21 de marzo, el órgano municipal aprobó su suspensión de empleo y sueldo, y le abrió un expediente disciplinario para preservar la imagen del cuerpo policial.

El presidente de la Gestora, Diego Martín Reyes, destacó ayer que el testimonio del policía local ha gozado, en principio, de mayor credibilidad que las razones aportadas por el organismo municipal. El juez ha citado a las partes para una comparecencia el próximo 4 de abril. Del Pozo recibió la notificación de su readmisión ayer por la mañana, por lo que en los próximos días debe ponerse a disposición del vocal de seguridad, Carlos Rubio, o del presidente de la Gestora, para conocer sus nuevas funciones.

Según fuentes municipales, no mantendrá el puesto de jefe de la Policía Local, en el que se encuentra Rafael Mora de forma accidental, "porque es un cargo de confianza", pero volverá a percibir su sueldo conforme a su cargo de superintendente, de unos 5.800 euros mensuales.

El ex jefe de Policía Local ha sido detenido en tres ocasiones en el marco de la operación Malaya y está imputado por omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento, tenencia ilícita de armas, entre otros. Tras su primera citación, quedó en libertad tras pagar 20.000 euros de fianza y pidió una baja por depresión. El pasado 21 de marzo, pidió el reingreso y la gestora acordó su suspensión de empleo y sueldo.

Su abogado, Jorge Mancilla, presentó a finales de la semana pasada un recurso de 35 folios en el que solicitaba la suspensión cautelar de la medida de la Gestora alegando que se han violado los derechos fundamentales de su patrocinado. "No le han dado derecho a defenderse. Además, hay dos casos anteriores, los de los policías locales Saborido y Alba, en los que la comisión gestora retiró de forma voluntaria la suspensión de empleo y sueldo", afirmaba ayer.

Subinspectores detenidos

Juan Esteban Saborido y Pablo Alba son dos subinspectores detenidos también por el caso Malaya, en relación a la subasta de coches robados y retirados por la grúa municipal. Según el letrado, ambos se han incorporado a sus trabajos con normalidad. "Rafael

es el único funcionario que ha sido suspendido de empleo y sueldo, esto no se puede permitir alegando que está imputado".

El juez ha adoptado esta resolución amparándose en el artículo 135 de la ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa que le permite, cuando se dan circunstancias de especial urgencia, adoptar esta medida sin oír a la parte contraria. En el auto, el magistrado contempla que se han alegado "perjuicios de muy difícil reparación", pero no especifica los motivos por los que ha adoptado la medida. El próximo 4 de abril las dos partes volverán a declarar ante el juez.

Por otro lado, la Comisión Gestora aprobó ayer en pleno ordinario la revisión de 24 licencias concedidas en mandatos del GIL y que permitían la construcción de 430 viviendas al margen del Plan General de 1986. Entre las licencias hay dos permisos concedidos a imputados en el caso Malaya y otras dos destinadas a la construcción de centros comerciales, el Hipercor Costa Marbella, situado en Puerto Banús, con un exceso de edificabilidad, y Camojan Center, cuyos trabajos fueron precintados hace unos meses. Dado el volumen de trabajo de los técnicos de Urbanismo también se acordó que el plazo de las revisiones se amplíe de tres a seis meses.