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Editorial:

Testigo de polichinela

El eurodiputado del Partido Popular Agustín Díaz de Mera malinterpretó su obligación de testificar en el juicio por los atentados del 11 de marzo, fecha en la que era director general de la Policía, y así lo entendió el juez Gómez Bermúdez al imponerle una multa e instar contra él un proceso por desobediencia. Confundiendo un tribunal con una emisora de radio -la misma que ha intentado suplantar la instrucción del sumario, y que ahora trata de arrojar sombras sobre el desarrollo de la vista oral-, Díaz de Mera recurrió a un argumento propio del ejercicio del periodismo, como es el derecho a no revelar las fuentes, para ocultar al juez la identidad del autor de un supuesto informe en el que se vinculaba a ETA con los atentados.

Ese derecho no ampara a quien ejercía una importante responsabilidad en el momento de la matanza, aunque resulta esclarecedor sobre la naturaleza de las fabulaciones en torno al 11-M que un ex jefe de la Policía pretenda utilizar a su favor recursos propios de periodistas. La pueril estrategia del testigo Díaz de Mera evidencia en qué manos estaba la seguridad del Estado en el momento de los atentados. Díaz de Mera no pretende proteger ninguna fuente, sino justificar con excusas cada vez más fantasiosas e inverosímiles el culebrón que tanto ha contribuido a alimentar por simples intereses partidistas.

Dijo ante el juez sentirse profundamente identificado con el Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, no tuvo escrúpulos en arrojar todo género de dudas sobre ese colectivo al decir que la carrera de su informante peligraría si se conociese su identidad, como si hubieran de desencadenarse no se sabe qué fuerzas oscuras. Mal estaríamos si el sistema no fuera capaz de hacer compatible la identificación ante el tribunal de esa fuente con la reserva pública respecto a su identidad. Al envolver su testimonio de misterio, Díaz de Mera creía desviar la atención del secreto de polichinela del que pretende ser celoso guardián: no existe ningún fundamento para vincular a ETA con los atentados del 11 de marzo de 2004. El juez Gómez Bermúdez ha vuelto a poner las cosas en su sitio: esto no es la Cope, ha venido a decirle, con otras palabras, al ex director general de la Policía.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 30 de marzo de 2007