Barberá discute que el Estado tenga derechos sobre la dársena

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aseguró ayer que "si alguien no tiene derechos sobre la antigua dársena es el Estado". Así se expresó tras conocer la petición de la Delegación del Gobierno de pedir al puerto de Valencia que certifique qué parte de la dársena es municipal. El comisionado en la Copa del América, José María Gil Suay atribuyó a un calentamiento por la etapa electoral el anuncio del ministro Jordi Sevilla de liquidar el Consorcio.

Barberá dijo con respecto a la petición del Gobierno central al puerto de Valencia de que certifique si el Ayuntamiento es dueño de parte de la dársena que "si alguien no tiene propiedades ni derecho" sobre la antigua dársena, "es el Estado". Barberá hizo estas afirmaciones en la inauguración del nuevo jardín del barrio de Benicalap.

La alcaldesa aseguró que el Ayuntamiento "tiene el derecho sobre toda la antigua dársena", y explicó que "los 237.000 metros cuadrados están desafectados y son patrimoniales, por un acuerdo del Consejo de Ministros que autoriza a la Autoridad Portuaria a ceder este espacio a la ciudad".

Barberá lamentó la "polémica estéril" que ha creado el Gobierno central en un momento "brillante" de la celebración de la Copa del América, en el que "se deben asumir responsabilidades sin crear inestabilidad gratuita".

El consejero delegado de la marca Vive Valencia y comisionado del Ayuntamiento de la ciudad para la Copa del América, José María Gil Suay, atribuyó a un "calentamiento de la etapa electoral" las declaraciones del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, sobre la celebración de la competición. El ministro criticó hace unos días la actitud de la alcaldesa por no reconocer públicamente la aportación del Estado a la organización de la competición. "No creo que [nadie] se cargue una inversión de 500 millones de euros por una rabieta", dijo ayer Gil Suay.

Tras advertir de que él no es un político sino un gestor, Gil Suay declaró que Sevilla "no puede condicionar la competición, que "se desarrollará como está previsto, con más o menos ruido de fondo". Se mostró convencido de que, una vez pasen las elecciones, "las aguas volverán a su cauce" ya que, a su juicio, "nadie invierte 500 millones" para que luego las inversiones no puedan ser disfrutadas por los ciudadanos. Además, indicó que el Consorcio Valencia 2007 no se puede disolver "sin el acuerdo" de las Administraciones que lo forman.