Las obras del puerto sufrieron un desvío de 47 millones en el último Gobierno de CiU

La bocana del puerto de Barcelona fue adjudicada por un importe de 27,9 millones de euros. Un buen precio, si se tiene en cuenta que el punto de salida de la licitación de obras era de 37,7 millones. Pero el coste final no fue ni uno ni otro, sino que ascendió a 57,3 millones. Estas cifras figuran en el informe efectuado por el Tribunal de Cuentas sobre las obras en el puerto realizadas en los ejercicios 2000 a 2004, en que gobernaba Convergència i Unió. Las obras totales, ya concluidas, fueron adjudicadas por 76 millones de euros, pero su precio real fue de 122,3 millones.

El tribunal se sorprende de diversas prácticas contables que, a su juicio, resultan poco ortodoxas y realiza diversas recomendaciones para evitar estas situaciones en el futuro. La Autoridad Portuaria celebró el miércoles un Consejo de Administración que modificó el sistema de contratación pública.

El puerto tiene hoy un presidente, Jordi Valls, que se ha encontrado sobre la mesa el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Lo ha analizado y asume las recomendaciones, aunque discrepa de algunas de las anotaciones hechas sobre todo, explicó Valls, porque no se han tenido en cuenta ninguna de las alegaciones presentadas por el puerto. Además, añade, el Tribunal no ha considerado el carácter específico de las obras portuarias. Un ejemplo. Se detectan adelantos a las empresas en forma de material, de modo que el Tribunal sostiene que se trata de anticipos sin intereses. "En realidad, se trata de una práctica habitual en los puertos, donde hay máquinas muy especiales que se ponen a disposición de las empresas". Otro asunto es la no "activación" de una partida de 20,9 millones de euros de tareas medioambientales. "La discusión es contable. Nosotros la contamos como inversión porque ese trabajo venía estipulado por la declaración de impacto ambiental, de modo que no podíamos hacer la obra sin efectuar esa inversión. Tal como figura en el informe, parece que se haya perdido esa cantidad y no es así en modo alguno".

Valls acepta, en cambio, que la práctica de liquidar obras mediante estimación no es habitual en ninguna de las administraciones que él conoce. Y Valls ha sido, antes que presidente del puerto de Barcelona, consejero de Industria y alcalde de Manresa.

Desvíos

Pero donde el informe carga más las tintas, pese a que luego apenas haga referencia a ello en las conclusiones finales, es en los desvíos experimentados en los costes de las obras, superando en no pocos casos el 20% máximo autorizado y sin que se diera ni publicidad ni transparencia a estos encarecimientos.

Así, las obras correspondientes a la ampliación del muelle de inflamables salieron a concurso por un importe de 26,3 millones de euros y se adjudicaron finalmente por 16,8 millones. Pero el coste final fue de 21,1 millones. Además, se produjo, dice el informe, una cesión en la ejecución de las obras que no figuraba en el contrato y que fue autorizada sin que constase que la sociedad "cesionaria reuniera los mismos requisitos de solvencia técnica y económica que la adjudicataria del contrato principal".

La desviación al alza de las obras del contradique fue también importante (de 3,2 millones en la adjudicación, a 4,2 millones de coste), aunque el menos importe del contrato hace que resulte menos llamativa que, por ejemplo, la obra correspondiente al puente entre el muelle de poniente y el adosado. Esta obra fue licitada con un precio de partida de 16,9 millones y adjudicada en 13,2 millones. El coste final ascendió a 20,8 millones de euros. En cambio, la ampliación del muelle adosado, en su primera fase, licitada en 23,0 millones y adjudicada en 14,9 costó finalmente 18,9 millones, es decir, más que la adjudicación, pero menos que el precio de la licitación.

Donde, en cambio, se produce un desvío más que notable es en la obra correspondiente a la bocana. Se licitó en 37,7 millones y se adjudicó en 27,7, pero se acabó pagando 57,3, es decir, el 205% del importe adjudicado.

Tanto Jordi Valls como Joaquim Coello, su antecesor directo en el cargo, defendieron las actuaciones realizadas por el puerto. El encarecimiento de las obras de la bocana, explicó Valls, que no era presidente en aquella época, se debió a que hubo diversos imprevistos. Coello añadió que hubo que realizar una obra complementaria que no figuraba en el presupuesto inicial. Ambos aceptaron también que, quizá, hubo una cierta minusvaloración en el primer momento, justificada por la dificultad de actuar en un medio marino. Joaquim Tosas, que era el presidente que licitó, adjudicó y pagó estas obras, en cambio, tuvo una actitud diferente. Informado sobre el informe del Tribunal de Cuentas dijo: "¿Dice que corresponde a los años 2000 a 2004? Yo fui presidente sólo hasta abril de 2004. Si hay alguna irregularidad debe corresponder al periodo posterior".