La Xunta de Fraga consintió un vertedero en Lugo que el PP denuncia ahora ante la fiscalía

El equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Lugo exigió ayer, a través del concejal de urbanismo, Xosé Ramón Gómez Besteiro, explicaciones al Partido Popular por no haber paralizado, cuando ocupaba el Ejecutivo de la Xunta, un vertedero de tierra procedente de desescombro de obras. Por esa misma escombrera, el PP denunció, el pasado verano, al Ayuntamiento de Lugo ante la fiscalía, llevó el asunto al Parlamento de Galicia y exigió la comparencia en el pleno municipal del concejal de Medio Ambiente, Lino González.

El 7 de septiembre de 2006, el PP trasladó un escrito a la fiscalía de la Audiencia Provincial de Lugo solicitando la apertura de una investigación por la existencia de un vertedero de tierra ilegal que, según los populares, no contaba con licencia municipal ni disponía de declaración de impacto medio ambiental. Ahora, el equipo de gobierno del Ayuntamiento lugués, con mayoría socialista, exige explicaciones al PP por no haber paralizado esos vertidos en 2003, cuando los denunció ante la Xunta el concejal de Urbanismo. En aquel momento el actual presidente del partido en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el líder de los populares de Lugo, Xosé Manuel Barreiro, eran los conselleiros de Política Territorial y Medio Ambiente, los dos departamentos con competencias en el asunto.

Antiguo campo de tiro

El vertedero, que ocupa una extensión de unos 60.000 metros cuadrados, se localiza en el extrarradio de Lugo, en lo que fue un antiguo campo de tiro militar, en la zona de San Cibrao. El PP sostiene que nunca dispuso de una autorización formal para la actividad que se desarrolló en la escombrera durante seis años. Considera además que allí se gestionó un negocio millonario con el que se lucró un empresario particular, quien gestionó los vertidos a razón de 0,60 euros por cada metro cúbico de tierra. Según los cálculos de los populares, el empresario facturó en total unos dos millones de euros.

El PP argumentó que se podía estar ante lo que denominó el caso Orozco y llegó a sostener que otros alcaldes tuvieron que abandonar su cargo por cuestiones de menor importancia que ésta. Sin embargo, el concejal de urbanismo sorprendió ayer cuando aseguró que fue su propio departamento el que ordenó en enero de 2003 la paralización de los vertidos a raíz de una denuncia, amparada con documentación gráfica, de la Policía Autonómica. Además, el 15 de abril del mismo año, se dio traslado de la incidencia a la Consellería de Política Territorial, que, según Besteiro, no adoptó ninguna resolución, pese a tener encomendadas, dijo, las competencias sobre infracciones en suelo rústico.

Esta situación llevó a Besteiro a preguntarse qué fue lo que hizo la anterior Xunta con esa denuncia: "¿La perdió, la traspapeló o qué fue lo que pasó?". "Si se produjeron vertidos con posterioridad a 2003, la única responsabilidad es de la anterior Xunta de Galicia", subrayó el edil socialista. "El PP debería ponerse colorado con este asunto", sostuvo Besteiro, quien no dudó en afirmar que es un asunto que va a tener para los populares un "efecto bumerán".

Besteiro calificó de "zarapalladas" la afirmación de los populares de que los vertidos sirvieron para el lucro de un particular, ya que, sostuvo, "si eso se produjo es porque alguien se lo consintió". Y lanzó una última pregunta dirigida a los populares: "¿Les preocupa el medioambiente ahora y antes no les preocupaba?". "A nosotros nos preocupaba antes, nos preocupa ahora y nos preocupará en 2008", concluyó.