CiU llama a combatir una eventual sentencia desfavorable del TC
Convergència i Unió sopesa apoyar la resolución soberanista de Esquerra
Los cuatro partidos catalanes que apoyaron el nuevo Estatuto negociaron hasta última hora de ayer promover una resolución conjunta para dar un empuje al despliegue del texto. Sin embargo, las elevadas pretensiones de Convergència i Unió sólo hacían presagiar, en el mejor de los casos, un acuerdo de mínimos. En cambio, los nacionalistas sopesan apoyar la resolución de Esquerra que preconiza para Cataluña un Estado propio dentro de la Unión Europea. CiU amenazó desde la tribuna con combatir "política y socialmente" una eventual sentencia del Constitucional desfavorable al Estatuto.
La contundencia de la advertenciadel líder de CiU, Artur Mas, generó un alud de críticas, sobre todo por parte del Partido Popular, cuyo presidente, Josep Piqué, dijo que a su grupo "nunca se le pasaría por la cabeza decir que pasará de una sentencia". El alboroto fue tal que el portavoz parlamentario de CiU, Felip Puig, se vio obligado a aclarar la situación horas después: "Acataremos la sentencia, pero no la asumiremos políticamente; la combatiremos democrática y socialmente sin renunciar a nuestros objetivos políticos", dijo.
Con los ánimos más calmados, CiU intentará hoy recabar los apoyos suficientes para aprobar siete resoluciones; entre ellas una, muy genérica, a favor del despliegue del Estatuto y que la formación nacionalista espera acabar de consensuar hoy con el tripartito. La formación nacionalista también promoverá una resolución para que, diga lo que diga el Constitucional, el Parlament se comprometa a "seguir trabajando para lograr los objetivos de alcance nacional" acordados el 30 de septiembre de 2005, fecha de aprobación del Estatuto en la Cámara catalana, antes de su trámite en las Cortes.
Ante la posibilidad de que el Alto Tribunal respete el contenido del Estatuto pero con una interpretación muy restrictiva, CiU defenderá que el Gobierno y el Parlament "asuman" las alegaciones presentadas por los letrados de la Cámara -y no las del abogado del Estado- al recurso del PP.
La incógnita está en saber qué pasará con la resolución de CiU que explicita que Cataluña "no renuncia" al derecho a la autodeterminación que el Parlament ya aprobó en diciembre de 1989 y en octubre de 1998. ERC, presionada por sus socios de Gobierno, ha descartado apoyarla. Dado que el propio Mas anunció ayer que no está dispuesto a perder esta votación, es probable que CiU retire la propuesta en el último momento.
En cambio, los convergentes todavía no tenían completamente descartado anoche votar el texto de ERC que pide para Cataluña un "Estado propio en el seno de la Unión Europea". El problema para CiU es que el texto de la resolución también aprovecha para cargar duramente contra los acuerdos que Artur Mas y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero alcanzaron en La Moncloa en enero de 2006 para sacar adelante el Estatuto. Convergència sopesaba anoche pedir una votación separada de ambas partes del texto para, así, poder apoyar la resolución soberanista de los republicanos o, en todo caso, suprimir la primera parte de la votación. Sin embargo, está por ver si los republicanos aceptan hoy una votación por separado de la moción y si, finalmente, lo admite el presidente de la Cámara, que ostenta esta prerrogativa.
Por su parte, los tres grupos de la izquierda (PSC, ERC e ICV-EUiA) consensuaron una resolución que reafirma la constitucionalidad del Estatuto, exige su despliegue e insta a reclamar al Gobierno central varios traspasos previstos en el texto, entre ellos el del hospital Clínic y de los servicios de atención a inmigrantes. Asimismo, insta a constituir un consorcio para el aeropuerto de El Prat en el que la Generalitat participe de forma "decisoria". Los grupos del tripartito también acordaron impulsar las leyes que adaptan el marco institucional de la Generalitat a las previsiones del Estatuto y promover la nueva ley electoral de Cataluña.
El PP y Ciutadans coinciden en una resolución, la que pide desplegar sólo aquellos puntos del Estatuto que no han sido recurridos.
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