El 85% de los ciudadanos exige a Batasuna el rechazo a la violencia
Un 20% cree que ETA quiere poner fin al terrorismo, según un sondeo
El 85% de los ciudadanos exige a Batasuna el rechazo de la violencia para ser legal. Así lo refleja la encuesta del Euskobarómetro, realizada por el Departamento de Ciencia Política del País Vasco, que ayer presentó su director, Francisco Llera, con la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua. El trabajo de campo se hizo en diciembre y su presentación se aplazó por el atentado de ETA en Barajas.
La rotunda exigencia del rechazo a la violencia a Batasuna para ser legal viene acompañada de un amplio escepticismo en la población sobre la voluntad de la formación independentista de aceptar la legalidad. Un 43% percibe poca voluntad en Batasuna de aceptar el sistema democrático frente a un 12% que cree que existe "mucha voluntad" en la formación abertzale.
También son una amplia mayoría los encuestados que consideran acertadas las medidas judiciales de ilegalización de Batasuna (53%), frente a un 18% que las considera equivocadas.
En esa misma línea, un 75% de los encuestados se manifiesta en contra de la creación de una mesa de partidos, como intentaron el pasado otoño las formaciones vascas con unas conversaciones previas, frente al 18%.
Respecto a la voluntad de ETA de poner fin al terrorismo, un 38% se declara escéptico y un 37% se manifiesta incrédulo. Los optimistas no pasaban del 20%, con la particularidad de que el trabajo de campo se realizó antes del atentado de Barajas. La misma encuesta refleja, como antes del atentado del 30 de diciembre, que un 80% de los españoles pensaba que era "perfectamente posible" la ruptura de la tregua de ETA, mientras que sólo un 13% la consideraban "muy difícil o imposible".
En cuanto a las causas de la disminución del terrorismo, los encuestados la atribuyen, por este orden a: la eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado; la colaboración francesa; la movilización de la sociedad civil; los movimientos cívicos de resistencia; la acción de las organizaciones de víctimas y el ejemplo del IRA. Los efectos del Pacto Antiterrorista; las políticas antiterroristas de los Gobiernos y la irrupción del terrorismo islamista son los últimos factores que han contribuido a debilitar al terrorismo de ETA.
Pensando en un eventual final de la banda, una 60% de los españoles se mostraba predispuesto a que se concediesen medidas de reinserción social a los terroristas que se arrepientan y expresen su deseo a abandonar las armas, sobre todo los que no han cometido delitos de sangre (43%). Frente a ellos, un 37% seguían mostrándose inflexibles y pensaban que los terroristas debían cumplir íntegramente sus penas.
La encuesta refleja un reproche a los partidos, más al PP que al PSOE, por la utilización política de las víctimas del terrorismo. Un 64% cree que el PP utiliza a las víctimas con interés político o electoral. El 52% estima que el PSOE también las utiliza.
En cuanto a las asociaciones de víctimas del terrorismo, las más conocidas y valoradas -con un siete- son ¡Basta Ya!, Gesto por la Paz y la Fundación Miguel Ángel Blanco. La AVT, aunque es conocida por el 30%, es la que presenta la calificación más baja, el 5,9%. Llera lo atribuye al desgaste por su actividad política contra la política antiterrorista del Gobierno.
Finalmente, la mayoría, un 67%, se manifiesta en contra de la independencia del País Vasco, mientras un 14% lo hace a favor.
Encuesta nacional
"Los españoles ante el terrorismo y sus víctimas" es la tercera encuesta a escala nacional que, en tres años, ha realizado el equipo Euskobarómetro del Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, que dirige el profesor Francisco Llera. El trabajo de campo se realizó entre el 20 de noviembre y del 15 de diciembre de 2006, pocas semanas antes de que ETA atentara en Barajas, pero cuando el proceso de final dialogado del terrorismo de ETA ya había entrado en crisis con la reactivación de la kale borroka y el robo de pistolas por parte de la banda en el sur de Francia.
La muestra es de 833 entrevistas, mediante una representación estratificada aleatoriamente por comunidades autónomas y tamaños de municipios, así como cuotas de edad y sexo.
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