Los eurodiputados critican los planes urbanísticos aprobados por la "codicia"

Los eurodiputados que el pasado febrero viajaron a España para investigar denuncias sobre abusos urbanísticos culpan a algunos ayuntamientos de aprobar planes urbanísticos sobredimensionados por "avaricia o codicia", según el informe que ayer presentaron al pleno del Comité de Peticiones en Bruselas. "Los residentes ven a menudo cómo la población de sus pueblos se multiplica fuera de toda proporción por la ambición de alcaldes atraídos por los cantos de sirena de los constructores", dice el texto, que denuncia abusos generalizados en España.

El eurodiputado del PP Luis Herrero pide disculpas si alguien se considera maltratado

El informe no puede ser más contundente: "Los ciudadanos europeos se han convertido en víctimas de ayuntamientos despiadados que aprueban a sabiendas nuevas construcciones en terreno no urbanizable. Los ciudadanos se convierten en culpables; la autoridad municipal, en un intermediario pasivo; el gobierno regional se lava las manos y las autoridades nacionales dicen que no pueden interferir a pesar de las directivas europeas".

El documento critica abiertamente que estas administraciones no estén poniendo freno a los abusos del desarrollo urbanístico en España, que se han extendido por numerosas localidades por medio de planes que multiplican la población de núcleos urbanos hasta límites insostenibles y en los que los grandes perjudicados son sus habitantes y los compradores de las nuevas construcciones. La peor parte se la lleva la Comunidad Valenciana, porque, según cita el informe, "a pesar de las promesas [del Gobierno autonómico] y la aprobación de nuevas leyes [como la LUV] se han conseguido pocas mejoras" después de tres visitas del PE y una batería de recomendaciones.

Según el informe, "de los 540 municipios valencianos, cerca del 15% ó 20%, concentrados sobre todo en la costa, han experimentado graves problemas derivados de una urbanización extensiva, muchos de los cuales han incluido denuncias de corrupción en los últimos años".

El vicepresidente del Comité, el laborista inglés Michael Cashman presentó por la tarde al pleno de este organismo consultivo un resumen oral del informe, cuyo debate se aplaza al 11 de abril a petición del eurodiputado del PP Luis Herrero, que apeló a un artículo que exige que los informes se traduzcan a varias lenguas antes de ser debatidos. Libicki le dio la razón y estableció que el documento se discutirá en dos semanas.

Aplazado el debate del informe, los eurodiputados se centraron en el trato dado a la delegación por parte de las autoridades valencianas. David Hammerstein, de Los Verdes, denunció las "trabas y los insultos" a los que se enfrentaron los dos eurodiputados. El popular Luis Herrero pidió disculpas en nombre del PP por las ofensas personales que pudieran haber recibido ambos. "Disculpas si alguien se ha considerado maltratado", dijo Herrero. Willy Meyer (IU) expresó su solidaridad con la delegación y reprobó la conducta de la Generalitat. Carlos Carnero (PSOE) sugirió que se adjunten al informe los recortes de prensa y grabaciones audiovisuales sobre los insultos. La eurodiputada liberal italiana Luciana Sbarbati planteó incluso la posibilidad de presentar una resolución de condena porque el trato ofrecido a Libicki y a Cashman es un desprecio al conjunto de la Eurocámara. Cristina Gutiérrez (PP) precisó que sentía mucho los insultos, si bien excluía de los mismos las palabras "partidista" y "electoralista". Cashman agradeció las muestras de apoyo y reconoció el buen trato que brindaron a la delegación tanto las autoridades de Madrid como el conjunto de los peticionarios.

Hammerstein aseguró a la salida que el urbanismo valenciano "está muy enfermo y la receta europea exige cambios de envergadura". El socialista Joan Calabuig apostó por reconducir el modelo y calificó de "poco inteligente" la actitud de la Generalitat con los eurodiputados.

Un representante de la Comisión Europea, presente en el pleno, anunció que estudiarán el informe en profundidad.