El PSOE exige que el despacho del edil del PP García Agulló renuncie a trabajar para Delphi

El PSOE de Cádiz ha solicitado a la alcaldesa gaditana, Teófila Martínez (PP), que impida que el despacho de procuradores de su primer teniente de alcalde, Enrique García Agulló, represente los intereses de Delphi en el proceso mercantil abierto por la empresa. El secretario local socialista, Federico Pérez Peralta, exige a la primera edil que intervenga para evitar que el despacho de García Agulló -quien anunció el viernes su dimisión como concejal- "se embolse dinero a costa de mandar al paro a más de 4.000 familias gaditanas que se verían afectadas por el cierre".

El secretario local del PSOE descalificó el anuncio de dimisión de García Agulló y dijo que no es un acto de honradez, sino de hipocresía: "Ha tratado de lavarse las manos de cara a las próximas elecciones". "Más que retirarse de la vida pública", añadió, "lo que va a hacer es asegurarse una buena jubilación a costa de los trabajadores de Delphi".

La intervención de Teófila Martínez, entiende Federico Pérez Peralta, es imprescindible "porque ha sido la primera en ubicarse detrás de la pancarta y manipular a las mujeres de Delphi, siendo conocedora de que el bufete de su mano derecha urdía el cierre de la fábrica".

También el secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, puso en duda la "honradez" del primer teniente de alcalde. Según González Cabaña, "no se puede vender como un héroe a quien se ha visto obligado a dimitir porque es su despacho el que defiende a la empresa que quiere despedir a 1.600 trabajadores, y le hemos cogido".

La alcaldesa de Cádiz, sin embargo, defendió a su edil. "He entendido su decisión", manifestó ayer Teófila Martínez, porque se le ha presentado un conflicto de intereses que en este caso no le afectaba a él, sino a un familiar [la hija de Enrique García Agulló seguirá con el caso de Delphi], y ha tenido que decidir".

Por otra parte, el Consejo Económico y Social de la provincia de Cádiz se reunió ayer con carácter urgente para mostrar su rechazo unánime a las intenciones de la empresa.

El consejero de Empleo, Antonio Fernández, quien asistió a este encuentro, insistió en la ilegalidad del proceso iniciado por la empresa: porque incumple la legislación española, el plan industrial firmado por Delphi hasta 2010 y varias directivas europeas sobre las relaciones con los trabajadores.

"La presentación del caso en el juzgado de lo mercantil no subsana las faltas cometidas por la compañía este último mes y medio, ni repara el daño psicológico que ha causado en la sociedad gaditana", dijo el consejero.

Fernández aseguró que la Junta sigue dispuesta a denunciar a la empresa por la vía penal, aunque no lo hará hasta que los juzgados resuelvan sobre el proceso mercantil abierto.

El Consejo Económico y Social, en el que participan sindicatos, empresarios y administraciones, no logró sin embargo adoptar una decisión colectiva ante la convocatoria de huelga general del 18 de abril, que sí ha recibido el apoyo de la Diputación de Cádiz.