Los responsables del urbanismo de Altea tienen negocios en proyectos que autorizan

El jefe del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Altea desde 1993, Ángel Pérez Iñesta, está vinculado a varias sociedades dedicadas a la compra, venta, promoción, construcción, urbanización, explotación y rehabilitación de fincas urbanas, industriales y terrenos con sede en Altea. Además el técnico realiza proyectos y asesora a empresas que operan en Altea desde su despacho en Sant Joan d'Alacant, donde ejerce como abogado. Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas y campo de golf de 18 hoyos).

El Bloc denuncia que el jefe del departamento actúa como promotor privado y abogado

La cúpula del departamento municipal de Urbanismo en Altea (Ayuntamiento gobernando por el PP con mayoría absoluta) comparte despacho privado en la localidad de Sant Joan d'Alacant, desde donde desarrollan proyectos y convenios urbanísticos de los que después tienen que informar jurídicamente y técnicamente. El equipo está conformado por el propio Pérez Iñesta, Ana Beltri, arquitecta municipal, y Alfonso Rodríguez, arquitecto técnico en contrato de prestación de servicios, aunque con ellos colaboran numerosos abogados y arquitectos vinculados a otros consistorios y empresas. Los dos primeros son socios en la sociedad Ciudades y Programas S.L. dedicada a prestar servicios de arquitectura, urbanismo y derecho.

El abogado Pérez Iñesta es uno de los redactores del plan parcial Puentes del Algar (5.775 viviendas, campo de golf de 18 hoyos, cuatro zonas hoteleras y 20.000 nuevos habitantes) de la mercantil Altea Futura, perteneciente al grupo Ballester. El gerente de Altea Futura y Edificaciones Calpe hasta 2005 era José María Comín, socio de Pérez Iñesta en todos sus negocios radicados en Altea, en empresas como Medinvest Consult SL, Euro Home SL y Mediterránea Blue Gate SL, dedicadas a la promoción inmobiliaria con una oficina abierta en Altea.

Pese al interés manifiesto de su socio, el jefe de Urbanismo ha sustentado con sus informes toda la tramitación de este PAI. El Grupo Ballester, al que ha estado vinculado el socio de Pérez Iñesta como gerente y consejero, es el principal promotor de Altea, con varios planes parciales que suman decenas de miles de viviendas que han requerido de la aprobación municipal.

Pérez ocupa una plaza en régimen de dedicación exclusiva y en 2002 consiguió la compatibilidad con la creación de la Empresa Pública Municipal, una "barrera creada por el PP contra la transparencia para tapar el agujero económico", según argumenta la portavoz del Grupo Municipal del Bloc, Paca Sevila.

Un juzgado de Alicante que investigaba una denuncia entre promotoras que operan en Altea ordenó en 2002 la incautación del disco duro del ordenador particular de Pérez Iñesta en su despacho de San Juan como prueba en una denuncia de un promotor por una supuesta apropiación de suelo.

El documento, al que tuvo acceso la formación del Bloc por personarse como acusación particular y que hasta hoy no se ha hecho público, contiene centenares de documentos sobre el planeamiento urbanístico de la ciudad costera. En aquel momento la cúpula del departamento de Urbanismo estuvo imputada en este proceso por el que la promotora Panorama SA acusaba a Arijan La Nucia de apropiarse de 27.000 metros cuadrados en el plan parcial Ulisa III. Esta mercantil estaba defendida por una persona del bufete de Pérez Iñesta. Antes de conocerse la resolución judicial ambas empresas llegaron a un acuerdo, extremo que llevó al juzgado a decretar el archivo de la denuncia.

En el disco duro del ordenador del responsable del Urbanismo figuran cerca de un centenar de documentos, la mayoría de los cuales son trámites privados que las empresas con intereses urbanísticos remitían al consistorio de Altea: propuestas de convenio, alegaciones, permutas, estudios de PAIs, reparcelaciones... Pérez Iñesta tenía que valorar las propuestas objetivamente para emitir el informe.

La edil del Bloc Paca Sevila considera que "el jefe de urbanismo actúa como un promotor privado y abogado, y eso comporta hipotecar la imagen de transparencia de la administración local. Los ciudadanos estamos desamparados porque no sabemos en beneficio de quién trabajan". El funcionario alegó en el juicio que se trataba de trabajo del ayuntamiento que se llevaba a casa.