Más de 15 años de lucha contra el ruido

"De lunes a viernes es una delicia de barrio. Hay mercado, colegios, estás a 10 minutos del centro... Pero el jueves empieza la fiesta, y el fin de semana ya es algo descomunal. Son 153 días al año que no puedes dormir". Josep Lluís Romero, de 48 años, ha vivido todas las etapas de la lucha vecinal contra el ruido en las calles del entorno de Juan Llorens (barrio de Arrancapins). Más de 15 años en los que los vecinos han tocado a las puertas del Ayuntamiento, han protestado y pedido ayuda sin lograr soluciones. Hasta que acudieron a los tribunales hace casi una década para defender sus derechos a la integridad física y moral, a la intimidad e inviolabilidad de su domicilio. Los recoge la Constitución y los ha subrayado esta semana el Tribunal Supremo, que ha ordenado al Consistorio que concluya el expediente de 1998 para declarar sus calles Zona Acústicamente Saturada (ZAS).

El Consistorio ha tardado ocho años de denuncias en retirar una licencia a un local

"A la tercera que bajas al local te sueltan que si te molesta la música, llames a la policía"

La larga pelea por la tranquilidad deja "un sabor agridulce". "Da rabia que un ciudadano tenga que meterse en un pleito para que le reconozcan sus derechos", critica Romero. Aún recuerda un tiempo en que uno de los locales más conocidos no era más que un bar de barrio. "Hasta que llegó la época dura, la del caballo, y empezaron a ponerse pubs. Al PSOE se le fue de la mano". Ya no se puso remedio. Se abrieron más bares, "en plan bestia", y los decibelios subieron "cada vez más alto". Un vecino llama a la policía, después otro, y otro... El ruido se convierte en un problema insoportable que cada cual afronta como puede. Amparo Rubio, de 40 años, estrenó piso y matrimonio en 1992. Y garito en el bajo del inmueble. "Lo inauguraron el mismo día que llegamos". Como muchos otros damnificados del ruido, Amparo y su marido intentaron razonar con el dueño del local: "Hablas con ellos y parece que lo entienden. Pero no. A la tercera que bajas te sueltan que si te molesta la música, llames a la policía".

Amparo ha perdido la cuenta de las veces que marcó el teléfono de la Policía Local y Josep Lluís no recuerda ninguna llamada que condujera a frenar los excesos. "Si hay un coche mal aparcado, lo multan. Pero si tú llamas, te obligan a poner la denuncia y te ponen personalmente en contra del pub. No actúan por su cuenta. Alguna noche incluso han venido cuando ya estaba cerrado. Yo dejé de denunciar", cuenta Josep Lluís.

Y en el Ayuntamiento, "ni caso". "Al poco de mudarnos conocimos a más vecinos en la misma situación y empezamos a reunirnos. Parecía una terapia de grupo, pero nos venía bien", recuerda Amparo. Fue la "época heroica", como la bautiza Antonio Puchades, presidente de la Associació de Veïns Arrancapins-La Petxina. "Los vecinos estaban desamparados, hubo hasta amenazas de algún desaprensivo. No había ni ordenanza del ruido". El Consistorio, ya con el PP en su segundo mandato, la aprobó en 1996. Con ella se abrió la "época jurídica" en Juan Llorens. La ordenanza dio carta de naturaleza a las ZAS (ver gráfico), áreas en las que limitar licencias de apertura, horarios y tráfico en un conjunto de calles que superan de manera constante el tope de ruido ambiental permitido de noche.

Los afectados crearon la Coordinadora contra el Soroll y contactaron con el abogado Joaquín Morey. "Lo primero era ver si había mediciones. Es la única forma de acreditar ante el Ayuntamiento una ZAS. Las obtuvimos por vía de la oposición en la comisión del ruido de entonces", explica. Los datos no dejaban lugar a dudas. Se pidió la ZAS y llegaron las "excusas". Que si es culpa del tráfico, que si el ruido es menor que en la plaza de Xúquer -ZAS en 1997, la única declarada sin mediar sentencia-. En marzo de 1999, la comisión del ruido admite que Juan Llorens cumple las previsiones, pero esquiva su propia ordenanza al supeditar la ZAS al fracaso de otras medidas: cierre del tráfico, revisión de licencias y locales, control de mesas y sillas y del consumo de alcohol. Un parche. "Algún local se cerró temporalmente para subsanar deficiencias, pero los sonómetros no bajaron mucho", según Morey. Los afectados realizaron sus propias mediciones, "con notario". "Estaba claro, pero el Ayuntamiento dejó morir el expediente", añade.

El primer asalto judicial contra la pasividad municipal en 1999 se perdió en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La Coordinadora no se rindió e insistió en reclamar la ZAS. El equipo de gobierno de la alcaldesa, Rita Barberá, guardó silencio. Un silencio que equivale a la denegación de la petición, que los vecinos recurrieron otra vez. En octubre de 2002, de nuevo un revés judicial. El TSJ rechaza el contencioso, pero nueve vecinos, entre ellos Rubio y Romero, se mantienen en sus trece y elevan el caso al Tribunal Supremo. Otros cinco años han pasado para que puedan leer una sentencia que les ampara y afea al Ayuntamiento un silencio "sin explicación" que pisoteó sus derechos e ignoró su propia ordenanza. La respuesta municipal fue "claramente insuficiente".

Lo fue entonces y lo ha sido en estos años de espera, de más ruido, noches sin pegar ojo y amaneceres con la calle llena de gente, de basura, vómitos y meadas. Lo demuestra la historia de Rosa M., de 50 años, y su familia, que prefieren no identificarse más porque aún les embarga un miedo difuso de su confrontación con el local que les ha amargado la vida. El pub que desde 2001 atormentaba su sueño ya había sido sancionado en 1999. Fue una de esas multas que se pagan para volver enseguida a las andadas. El dueño pidió que llamaran cuando incordiara la música, pero no cogía el teléfono. No podía oírlo, como se deduce de los 90 decibelios, "con picos de 108" que midió la Policía Local en el piso tras muchas idas y venidas al Ayuntamiento. "Me decían que el expediente ya estaba en la mesa del concejal, a punto de firmar, y me enseñaban el expediente. ¡Así de gordo!", exclama la mujer separando varios palmos las manos. Una multa leve, un cierre de seis meses, y vuelta al boom, boom. Casi ocho años le ha costado al Ayuntamiento retirar la licencia al pub.

El local que ignoraba el derecho al descanso de Amparo Rubio también tiene un largo expediente. Desde 1993 con denuncias y sin dejar de hacer caja. "Se le pedían mejoras, pero nunca que insonorizara el local. Hasta que topamos con un policía que se tomó interés y lo cerraron temporalmente". Pero la orden no se respetó y el matrimonio, como otros, no aguantó más. Desde 2005 vive lejos de Juan Llorens. "Hasta entonces no he sabido lo que es convivir en pareja un fin de semana en casa, tranquilamente".

Romero se ha quedado. El local con el que comparte pared ha conocido una decena de propietarios. "No tengo por qué irme. En el 98 aún se negociaba, ahora la cuestión ya no admite discusión. Quiero la ZAS lo más rápido posible". Joaquín Morey plantea la posibilidad de pedir indemnización para los afectados de Juan Llorens por mal funcionamiento de la administración. Mudanzas, ventanas dobles... Por no hablar de costes personales.

En Juan Llorens ven el final del túnel. En El Carme se aferran a la demanda presentada por el mismo despacho de abogados pero a través de Andrés Morey, que ya ganó el año pasado, entre otros éxitos judiciales contra el ruido, la ZAS de Gascó Oliag-Ménendez Pelayo, con otro relato de desmanes paralelo al de Juan Llorens.

El gobierno del PP, mientras, tras una asombrosa interpretación de la sentencia por la que el Supremo lo amparaba para declarar la ZAS de su ordenanza, anuncia que estudia soluciones como el traslado de bares al puerto para descongestionar los barrios y la permuta de licencias.