El alcalde de Fisterra admite anomalías en los edificios recurridos

El alcalde de Fisterra, José Manuel Traba, no revisará ni anulará las licencias de obras que su equipo de gobierno otorgó para construir 16 edificios, con 391 viviendas, mientras no se pronuncie el juez ante el cual la Xunta recurrió el conjunto de estas obras. Traba considera, en contra del criterio de la Consellería de Política Territorial, que los permisos que otorgó para obrar son perfectamente legales.

El regidor del PP admite "irregularidades" en algunas de estas promociones, la mayor parte en primera línea de playa, porque se está edificando, en altura o en volumen, más de lo permitido. "Vamos a tomar cartas en el asunto y seremos tajantes en exigir que todo lo que no se ajusta al proyecto de obra, deberá corregirse para reponerse la legalidad vigente", afirmó ayer Traba.

En su opinión, y a expensas de que los técnicos contratados por el ayuntamiento terminen su trabajos de medición y comprobación de las construcciones en marcha -algún edificio está casi terminado-, la mayor parte de las "irregularidades" detectadas "son subsanables". Y no requieren, de momento, la paralización de ninguna de las obras, como reclama la Xunta. El alcalde de Fisterra insistió en que las ilegalidades que cometan los promotores al construir más de lo permitido no tienen por qué suponer la anulación de las licencias municipales.

Excesos en la altura o el volumen de los futuros edificios forman parte de la larga lista de anomalías detectadas por los inspectores de Urbanismo en la construcción de este conjunto residencial. La mayor parte, 13 bloques con 342 pisos, se sitúa a ambos lados de la Recta da Anchoa, la única vía de acceso a Fisterra, al pie de la playa de Langosteira. La consellería, que exigió en diciembre la paralización de las obras y la revisión de las licencias municipales por considerarlas nulas de pleno derecho, recurrió a la vía judicial para resolver el litigio e impedir que sigan las obras.

"Nadie está libre de un contencioso", comentó ayer el alcalde al destacar que el ayuntamiento "discrepa sobre la interpretación de la normativa urbanística" que hace la Xunta. Para José Manuel Traba, una cosa es que las promotoras no respeten los proyectos y licencias de obras y otra, muy distinta, son las diferencias de criterios sobre si un suelo urbanizado debe o no ser clasificado como consolidado.