Los denunciantes del 'caso Camas' piden cárcel para el alcalde

Dos años de cárcel, cinco de inhabilitación para ejercer cargo público y 36.000 euros de multa. Es la pena que pide la acusación particular para el alcalde de la localidad sevillana de Camas, Agustín Pavón (IU), tres concejales (dos ex ediles del PP y un ex edil adscrito al PA) y un empresario, acusados de pagar 12.000 euros a una concejal para que votara a favor de varios acuerdos plenarios. La fiscalía presentará su acusación la próxima semana.

La abogada de la acusación particular, Carmen Julia García, ha sido la primera en remitir el escrito de acusación al juez que instruye el supuesto intento de soborno a la ex edil de Camas Carmen Lobo. La letrada, que representa a Lobo y al militante de IU que denunció los hechos, Francisco Gordo, considera que los cinco imputados son autores de un delito de cohecho, por el que pide dos años de prisión, cinco de inhabilitación para ejercer cargo público y una multa de 36.000 euros, equivalente al triple de la cantidad que supuestamente entregaron a la concejal (12.000 euros) para intentar comprar su voto.

Los cinco imputados a los que la acusación particular acusa de cohecho son el alcalde, Agustín Pavón (IU); los ediles Antonio Enrique Fraile (ex del PP) y José del Castillo (ex adscrito del Partido Andalucista); el empresario sevillano Eusebio Gaviño y un concejal del PP en la localidad de Castilleja de Guzmán, Aureliano Lucas. El conocido como caso Camas se destapó en septiembre de 2005, cuando un militante de IU denunció que el alcalde, los tres ediles y el empresario habían pactado el soborno de Carmen Lobo, que entonces era concejal independiente, para conseguir sacar adelante varios proyectos urbanísticos.

La policía detuvo a los cinco implicados, que quedaron en libertad tras prestar declaración. En sus comparecencias ante el juez, todos negaron los hechos y los achacaron a "una trama trampa" urdida por el ex alcalde socialista del municipio, Antonio Rivas. Aún queda por conocer la calificación del fiscal y la de la acusación popular ejercida por el PSOE, que previsiblemente serán remitidas al juez la próxima semana.

Una vez que se conozcan éstas y los escritos de defensa de los abogados de los cinco imputados, el juez hará pública la fecha del juicio, que se llevará a cabo con jurado popular. No obstante, la Audiencia Provincial de Sevilla tiene aún que resolver los recursos contra el auto de incoación del procedimiento del jurado que fueron presentados por los procesados al entender que las imputaciones no se concretaban, sino que se realizaban de forma general.

La Audiencia tiene que resolver otros dos recursos: uno contra el auto que denegaba como prueba un careo entre el ex alcalde socialista de Camas y la ex edil Inmaculada Larrinaga, solicitado por las defensas después de que ésta declarara que el presunto soborno fue una "trama trampa" del ex regidor del PSOE; y otro en el que los abogados del alcalde, pidieron la anulación de las escuchas telefónicas grabadas por el denunciante en una reunión en la que los imputados presuntamente prepararon el soborno.

El alcalde y los ediles imputados siguen en sus cargos. No obstante, el regidor, que durante meses aseguró que se presentaría a la reelección aunque fuera bajo una lista independiente, anunció en diciembre pasado que renunciaba a su candidatura para poder seguir en IU, después de que el coordinador federal, Gaspar Llamazares, amenazara con expulsarle.