El Gobierno apuesta por un acuerdo global para cumplir con la paridad

El Gobierno andaluz cree que "sería conveniente" un acuerdo político entre los cuatro partidos para cumplir con la paridad en los nombramientos de una treinta de órganos con representación parlamentaria y evitar situaciones "absurdas" como la de la renovación de los adjuntos al Defensor del Pueblo. La presidenta del Parlamento, Mar Moreno, ha convocado a los portavoces parlamentarios para hallar una salida de consenso.

El caso de los adjuntos al Defensor es el primero, pero le van a seguir otros muchos conforme se vayan cumpliendo los mandatos o se produzcan dimisiones o ceses. José Chamizo ha tenido que aplazar su propuesta de elección de sus cuatro adjuntos porque las "indicaciones" que les han hecho llegar PP y PA no cumplen con la paridad, y los partidos de izquierda, PSOE e IU, se niegan a ser ellos los que tengan que dar una solución que afecta a todos por igual.

La presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos y designaciones (es decir, que ningún sexo tenga una representación inferior al 40%) que realice el Parlamento no es ya una opción voluntaria de los grupos. Es una obligación, según el artículo 107 del nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía que ayer entró en vigor.

Y eso va a suponer que para evitar situaciones "absurdas", como las tachó ayer el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, en alusión a los adjuntos al Defensor, lo "conveniente" sería un acuerdo global de todos los grupos.

El Parlamento tiene que designar representantes en 30 instituciones, aunque en realidad los nombramientos afectan a un total de 52 (los consejos sociales de las nueve universidades, las juntas rectoras de los 24 parques naturales, asambleas generales de seis cajas de ahorro...), según los datos facilitado por la Cámara andaluza. Muchos nombramientos se producen al inicio de cada legislatura (senadores por la comunidad autónoma, Junta Electoral, Consejo de Administración de RTVA), pero otros tantos no coinciden con el fin del mandato parlamentario. Hay órganos en los que la paridad se cumple (el Consejo Audiovisual, por ejemplo), pero no en la mayoría, incluso hay consejos, como el de asuntos taurinos, en los que no figura ninguna mujer.

Esto quiere decir que si los grupos no alcanzan un acuerdo global sobre todos los nombramientos, el cumplimiento de la presencia equilibrada de hombres y mujeres acabará por convertirse en un problema.

El "primer caso"

Eso es lo que quiere evitar la presidenta del Parlamento, la socialista

Mar Moreno, al convocar ayer a los portavoces de los grupos parlamentarios a una reunión durante la sesión plenaria de hoy y mañana para "analizar la nueva situación y, en su caso, encontrar una postura consensuada que facilite el trabajo de esta Cámara sobre la base del cumplimiento" del artículo 107 del Estatuto de Autonomía.

Moreno recuerda en un escrito dirigido a los grupos que el mandato estatutario "va a afectar de manera general a los procedimientos que tradicionalmente" ha seguido el Parlamento y que lo ocurrido con el aplazamiento de la elección de los cuatro adjuntos del Defensor es "el primer caso".

En cumplimiento del Estatuto, el Consejo de Gobierno nombró ayer a sus representantes en las tres comisiones de relaciones con el Estado. El Ejecutivo autónomo no va a agotar los plazos que marca el propio texto para crear estos órganos bilaterales. Así, la Comisión Mixta Paritaria Gobierno-Junta se constituirá el lunes 26 de marzo; la Comisión Bilateral de Cooperación, el 9 de abril; y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, el 7 de mayo.

A diferencia de los órganos anteriores, estos tienen cometidos y funciones muy precisos y bastante más amplias en relación con la participación de la comunidad en todos aquellos asuntos estatales que puedan afectar a Andalucía.

La agenda de prioridad del Gobierno de Chaves en relación con el desarrollo del Estatuto se centra en la negociación de las inversiones del Estado, la Agencia Tributaria de Andalucía, la deuda histórica y el traspaso del Guadalquivir. En este sentido, el Gobierno extremeño pidió ayer al Consejo Consultivo autonómico un informe sobre la constitucionalidad del artículo 51 del Estatuto andaluz donde se afirma que la comunidad tendrá la competencia exclusiva sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por Andalucía.

Zarrías afirmó que la Junta pedirá al Gobierno central un adelanto a cuenta de la deuda histórica para 2008. También aseguró que el decreto de los campos de golf estará aprobado antes de julio.