Delphi pide en el juzgado la suspensión de pagos por "deterioro" patrimonial

La empresa Delphi Automotive System España, SL, con sede en Puerto Real (Cádiz), presentó ayer en los juzgados de lo mercantil de Cádiz la solicitud para ser declarada insolvente, acogiéndose a la fórmula del concurso de acreedores o suspensión de pagos. La compañía justificó su petición por "el continuado deterioro de su situación patrimonial". En concreto, cifra las pérdidas acumuladas en los últimos cinco años en 150 millones de euros. La matriz estadounidense ha comprometido ya fondos para indemnizar a los 1.600 trabajadores de la plantilla.

El cierre de la planta, según la empresa fabricante de componentes del automóvil, responde al plan de transformación de la compañía, que prevé desprenderse de las líneas de producto no esenciales, como las de direcciones, suspensiones y rodamientos, que se fabrican en Puerto Real.

Esta planta no se ha incluido dentro del paquete de venta del negocio de direcciones que negocia Delphi "debido a los más de 150 millones de euros en pérdidas acumulados en los últimos cinco años y a la incapacidad de asegurar nuevos negocios como resultado de los altos costes operacionales". El juzgado de lo mercantil deberá ahora nombrar una administración concursal que elabore un informe sobre la situación de la empresa y en la que se incluirá una lista de acreedores y un inventario de los bienes de Delphi. Si finalmente el juzgado acepta la declaración de insolvencia, la empresa deberá acordar un convenio con sus acreedores para su liquidación.

La compañía ha obtenido ya el compromiso de la matriz estadounidense de proporcionar fondos adicionales a la factoría para "abonar las indemnizaciones a las que los trabajadores de la planta de Puerto Real tienen legalmente derecho".

Sin embargo, la plantilla no está dispuesta a negociar compensaciones económicas. Los trabajadores insisten en que su objetivo es el mantenimiento de la actividad industrial. "La empresa habla de cierre y de liquidación, pero nosotros nos negamos a eso", mantiene Pedro Lloret, representante del comité de empresa.

Los trabajadores recibieron ayer el anuncio de la compañía como "una nueva provocación de Delphi", aunque sin sorpresa: "Sabíamos que éste sería el siguiente paso y ya estábamos preparados". De hecho, Lloret señaló que, pese a la iniciativa tomada por la empresa, los trabajadores seguirán hoy con sus turnos en la factoría, "al menos, hasta que se acabe la materia prima".

La Junta anunció que se personará en el proceso de suspensión de pagos, según afirmó el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías. "Ante cualquier paso o maniobra de la empresa, la Junta estará ahí, haciendo un marcaje implacable", dijo. Desde la Junta se volvió a pedir "unidad de acción política y sindical" para resolver el conflicto, informa Lourdes Lucio.

Mientras, la Comisión de Industria del Congreso aprobó por unanimidad una proposición que insta al Gobierno a adoptar, "con la mayor urgencia, las medidas precisas para salvaguardar el empleo y la actividad productiva" de Delphi, pide una auditoría de la empresa y le exige que mantenga abierta su fábrica de Cádiz al menos hasta 2010. El PP no logró el apoyo a su propuesta inicial, que obligaba al Gobierno a recolocar a los 1.600 trabajadores de Delphi si ésta cierra y los deja en paro, informa Vera Gutiérrez Calvo.

Por su parte, el ministro de Industria, Joan Clos, auguró un duro proceso de negociación con Delphi, aunque expresó su confianza en que cumpla con la legislación española. Clos lamentó "unos comportamientos que no son propios de la conducta habitual en Europa a la hora de plantear un problema de competitividad".