Los demócratas exigen que Karl Rove declare en el Congreso por el caso de los fiscales

El estratega político de la Casa Blanca Karl Rove puede estar a días de tener sobre su mesa, si no lo impide la Casa Blanca, una citación para declarar bajo juramento en el Congreso de EE UU sobre el caso de los fiscales federales despedidos presumiblemente por resultarle incómodos a la Administración de Bush.

La confrontación entre el Congreso y la Casa Blanca está abierta y se vive un duro tira y afloja, ya que es muy probable que esta última se niegue en redondo a tal demanda invocando privilegios ejecutivos. En palabras de Dan Bartlett, consejero de Bush, es "altamente improbable" que el presidente permita a uno de sus más cercanos aliados testificar públicamente.

De momento, el Comité Judicial del Senado sigue jugando la carta de subir al estrado a Rove y hacerle jurar que dirá la verdad y toda la verdad sobre un espinoso asunto que también tiene en la cuerda floja al fiscal general del Estado, Alberto Gonzales.

El senador Patrick Leahy, demócrata de Vermont y presidente del Comité, descartó cualquier arreglo para que Rove declare en privado y aseguró que el jueves decidirá sobre si le llaman a declarar, junto a la ex consejera Harriet Miers. "No creo en esta cosa de 'tengamos una reunión privada y os cuento todo' y luego no cuentan nada", declaró Leahy en la cadena de televisión ABC. "Quiero que el testimonio sea bajo juramento. Estoy harto de verdades a medias".

Decisión final

"La decisión final sobre las citaciones es mía", informó el presidente del Comité senatorial. Si finalmente las citaciones son cursadas, el margen de la Casa Blanca será muy estrecho. Si el presidente Bush invoca sus privilegios y bloquea la petición de comparecencia ante el Congreso expondrá a la opinión pública que tiene algo que esconder, que sus asesores temen decir la verdad. Por eso buscan una solución intermedia que podría llegar hoy mismo, según informó el portavoz de la Casa Blanca, Tony Snow.

Por su parte, el senador republicano por Tejas, John Cornyn, aseguró haber transmitido al secretario de Justicia la necesidad de "proporcionar lo más rápido posible la información necesaria", ya que la "mala gestión" de la operación está causando una "auténtica tormenta" política debido a la falta de información imprecisa proporcionada a los legisladores.

El despido de ocho fiscales federales el año pasado por presumibles motivaciones políticas se ha convertido en una auténtica bomba de relojería para la Administración republicana.

Con la guerra de Irak inaugurando su quinto año y tiñendo su presidencia, Bush ve peligrar el puesto de uno de sus hombres de más confianza, el fiscal general Alberto Gonzales. Todo apunta a que la suerte de Gonzales se decidirá esta semana. Y todo apunta a que el hombre que erosionó las libertades civiles y contribuyó a legalizar la tortura tiene los días contados en Washington.