Siete años para ilegalizar los pasos a nivel de Os Praceres

Tras siete años de denuncias a pie de calle y en los juzgados, los vecinos de Os Praceres, en la parroquia de Lourizán (Pontevedra), acaban de recibir el espaldarazo definitivo a sus reivindicaciones por parte del Tribunal Supremo, al desestimar éste el recurso interpuesto por el Ministerio de Fomento contra el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obligaba a eliminar los 3 pasos a nivel -dos para vehículos y uno para peatones- situados en esta parroquia que enlaza Pontevedra y Marín. "Fuimos a Madrid porque sabíamos que en Galicia nunca nos iban a dar la razón", explican los vecinos.

Los residentes en Lourizán han sufrido de forma particular las consecuencias del progreso: por un lado, por el entramado industrial que soportan al albergar el complejo ENCE; por el otro, la construcción de esos tres pasos a nivel que han partido a la mitad una plaza de 200 metros de longitud en la que varias viviendas, el campo de fútbol, un parque infantil y una iglesia destacada por su valor patrimonial se sitúan ahora a uno y otro lado de la vía, a escasos metros del tejido ferroviario. Desde la plataforma lo tienen claro: "Se nos ha humillado, se nos ha robado un espacio público. Ahora que lo paguen, con lo que valía la obra del tren se podía haber construido un hospital único", advierten.

Eladio Torres, portavoz de la Plataforma Defensora de la Praza de Os Praceres que integra a los colectivos sociales de la parroquia, afirma que durante este tiempo la asociación nunca se ha disuelto. "Nos reunimos todos los viernes desde 2002 aunque a veces sólo compartimos un café. Es un proceso muy largo", asegura. El pasado viernes fue distinto. Alrededor de un centenar de personas se dieron cita en el local parroquial de la iglesia -el cura ha apoyado activamente a los vecinos- con dos objetivos claros. "Queremos que nos pidan disculpas públicamente y vamos a valorar los daños morales para exigir una indemnización, aunque mi ideal sería también que tuviese un coste político", destaca. Antes, lo que quieren es que el tren deje de circular por allí y esta semana exigirán al Ayuntamiento de Pontevedra que, sentencia en mano, suspenda de forma cautelar el paso del tren.

La plataforma no olvida quién convirtió Praceres en un "estado de excepción": desde el anterior presidente de la Xunta, Manuel Fraga, al entonces conselleiro de Política Territorial, Xosé Cuiña, y los alcaldes de Pontevedra y Marín, Miguel Anxo Fernández Lores y Antonio Santiago. "Por comisión u omisión", todos ellos fueron cómplices de lo que sucedió allí, señalan, y añade Torres: "Yo no vi a Lores con los vecinos, él iba saludando en el tren, con Fraga, Cuiña y el alcalde Marín. Es que ahora parece que nadie tuvo nada que ver".

La represión fue "bestial", relatan. "Hubo golpes, coacciones y amenazas. Había que estar allí", dice Eladio, que lo ha sufrido en primera persona. "A la primera que pegaron fue a mi mujer, Ana Pereira, cuando se acercó a la obra para preguntar por el responsable", señala. La presidenta de la asociación vecinal, Isabel Veiga, fue una de las peor paradas: "La han dejado coja", explican. El portavoz de la plataforma detalla que "en una noche mandaron a 15 personas al hospital tras una carga policial, una de ellas era un chico con un impacto de porra en el cuello que casi se nos queda allí. Nadie sabe lo que es eso".

Sus reivindicaciones trascendieron no sólo el ámbito autonómico sino también estatal. "Lo increíble de todo esto es que hemos llegado a hablar en el Parlamento Europeo a través de la Comisión de Petición y nunca nos hemos reunido con el alcalde de Pontevedra", lamentan. La plataforma no quiso en su momento sentarse en una mesa de negociación con el regidor porque, para sus miembros, la solución no pasa por una compensación económica, sino pro realizar la conexión bajo tierra.