Ola de protestas en Pakistán por la destitución de un juez del Supremo

El presidente paquistaní, general Pervez Musharraf, atraviesa sus horas más bajas. Centenares de abogados, periodistas y activistas opositores fueron detenidos ayer en Islamabad cuando se manifestaban en apoyo del presidente del Tribunal Supremo, Iftijar Mohamed Chaudry, depuesto la semana pasada por Musharraf bajo la oscura acusación de "abuso de poder". La oleada de protestas se ha extendido por todo el país.

El prestigioso juez, que se negó a dimitir, exigió someter las acusaciones a un juicio abierto. Ayer le tocó comparecer por segunda vez ante el tribunal de cinco jueces formado para su proceso. Mientras, en un hecho insólito, Musharraf le declaró "sin funciones".

Los abogados paquistaníes, que se han declarado en huelga, acusan al presidente de querer asegurarse un "sistema judicial leal de cara a las elecciones que deben celebrarse este año. Musharraf sigue sin renunciar a sus galones de general y Chaudry ya había expresado que su reelección sería inconstitucional.

La policía se vio obligada a recurrir a gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a los manifestantes, que portaban pancartas contra el presidente y lanzaban piedras a los agentes antidisturbios. Los choques comenzaron antes de que amaneciera, ya que los activistas pretendían llegar al Tribunal Supremo, donde Chaudry debía comparecer antes los magistrados. Casi un centenar de personas fueron detenidas, entre ellas Qazi Husein Ahmed, diputado y líder de la coalición islamista radical Mutahida Majlis e Amal (MMA), y otros siete diputados de esta formación.

Chaudry, quien junto con toda su familia se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado día 9, simboliza la independencia de la justicia paquistaní en una sociedad cada día más cansada de los abusos del poder y de la "sumisión de Musharraf" a la política del presidente George W. Bush.

Atrapado entre Estados Unidos, que en su guerra contra el terrorismo internacional exige a Musharraf dureza contra los talibanes y los islamistas radicales, y una buena parte de los paquistaníes, que se oponen a la impunidad con que actúa el Ejército, los intentos de Musharraf por controlar el poder judicial podrían volvérsele como un bumerán. El general, que se hizo con el poder en 1999 tras un golpe de Estado contra el Gobierno democráticamente electo de Nawaz Sharif, podría sucumbir ante las ansias de democratización de la sociedad y su burdo intento de doblegar a la justicia.

Los paquistaníes, que siempre han estado orgullosos de la libertad de sus medios de comunicación, asistieron ayer a la irrupción de la policía en las oficinas de la televisión privada GEO TV, que desobedeció las órdenes de no informar sobre las protestas. Los agentes agredieron a algunos periodistas, además de destrozar parte de las instalaciones y obligar a cortar la retransmisión de los disturbios, según informó el propio canal en su página web, en la que muestra imágenes de los destrozos.

Desde el tejado del edificio donde GEO TV tiene su sede, los cámaras tenían una visión directa de los enfrentamientos, que emitían en directo. El diario The News, propiedad del mismo grupo editorial, Jang, también fue dañado. Más de un centenar de periodistas se congregaron a las puertas de GEO TV para protestar.

Chaudry, que fue nombrado por el mismo Musharraf en 2005, se ganó el apoyo popular al mantenerse independiente del poder. El juez criticó la actuación de los servicios secretos paquistaníes, que, a instancias de la guerra contra el terror que defiende EE UU, han colaborado en el secuestro y la desaparición de supuestos terroristas. El magistrado depuesto pidió que se abriera una investigación de las denuncias presentadas por la ONG Human Rights Wach, de "prisioneros fantasma" y "cárceles secretas" en Pakistán.

La brecha abierta entre el Ejecutivo y el Poder Judicial puede ser la vía buscada por la oposición para acabar con el mandato del general, que este año se enfrenta también a un Congreso norteamericano dominado por los demócratas, que no están dispuestos a que la Casa Blanca siga teniendo como "amigo incondicional" a un general sobre cuyo Gobierno pesan acusaciones de violaciones de derechos humanos.