El Gobierno planea evitar que el actual Poder Judicial tome decisiones relevantes

El Gobierno busca la fórmula para evitar que el Poder Judicial, cuyo mandato expiró hace cinco meses, siga tomando decisiones relevantes como el nombramiento de magistrados en puestos clave mientras permanezca en funciones. El Ejecutivo se inclina por una reforma legal que reduzca la institución a su Comisión Permanente cuando se cumplan cinco años desde que fue nombrado y hasta su renovación. La iniciativa privaría también al Consejo de la potestad de informar las normas proyectadas por el Gobierno, una de las armas preferidas del sector conservador contra el Ejecutivo desde la llegada al poder del PSOE.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró tras la reunión del Consejo de Ministros de ayer que el Ejecutivo intenta "desde hace semanas", infructuosamente, que el Partido Popular se siente a negociar el nombramiento de los nuevos vocales, ya que para la designación de los 12 procedentes de la carrera judicial y los ocho juristas de reconocido prestigio que lo integren, se necesita una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado.

Preguntada por la posición del Gobierno sobre la enmienda que IU y el PSOE negocian para reducir las funciones del Consejo una vez cumplidos sus cinco años, De la Vega aseguró que para el Ejecutivo "lo prioritario es que se cumpla el mandato constitucional" que obliga a renovarlo. "Lo democrático, lo razonable, lo sensato y lo que supone tener responsabilidad en el funcionamiento de las instituciones democráticas y constitucionales es favorecer ese acuerdo", afirmó la vicepresidenta, que aseguró que el PP, que ha hecho de este órgano una de sus principales plataformas de oposición al Gobierno, "ni siquiera lo quiere intentar".

Fuentes del Gobierno aseguran sin embargo que el Ejecutivo sí es partidario de reformar el Consejo para reducir sus atribuciones cuando se encuentre en funciones. Desde el pasado 7 de noviembre, el órgano de gobierno de los jueces ha acordado tres nombramientos en los dos tribunales más importantes del país: el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, y los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo Luciano Varela y Manuel Marchena.

Puestos clave afines al PP

El Gobierno teme que un Consejo dominado por los conservadores, escorado claramente hacia el PP y que pierde día a día legitimidad, siga colocando magistrados afines en puestos clave que puedan condicionar sus iniciativas políticas. Por eso se inclina por reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir la institución a su Comisión Permanente -formada por el presidente y cuatro vocales y que lleva el despacho de las cuestiones administrativas y los nombramientos que no implican votación de los vocales- entre el final de su mandato y su renovación.

El órgano de gobierno de los jueces perdería así de forma interina la posibilidad de designar magistrados del Tribunal Constitucional; magistrados y presidentes de sala del Supremo; presidentes y presidentes de sala de Tribunales Superiores de Justicia; presidente y presidentes de sala de la Audiencia Nacional; y presidentes de las Audiencias Provinciales. El Consejo tampoco podría informar los proyectos gubernamentales que afecten al funcionamiento de los juzgados y tribunales, una de las armas favoritas de oposición al Gobierno del sector conservador.

Si el PP cede y se sienta a negociar la renovación, el nuevo Consejo tendrá una composición más acorde con la distribución actual de fuerzas en el Parlamento. Los socialistas propondrían nueve vocales y estarían dispuestos a aceptar que el PP tuviera otros nueve. Los otros dos corresponderían a CiU y PNV. El PSOE quiere reservarse también la elección del presidente, de la misma forma que hace cinco años y cinco meses lo hizo el PP con Francisco José Hernando.