El Ayuntamiento de Torremolinos gastó el dinero que ingresó de forma irregular por dos convenios

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga), gobernado por el PP, ha gastado 16,6 millones de euros procedentes de dos convenios urbanísticos que de acuerdo con la legislación urbanística andaluza no debería siquiera haber ingresado en sus arcas. Según un informe de la Tesorería y la Intervención municipales, las cantidades, cobradas antes incluso de la aprobación de los convenios por el pleno, "han sido traspasadas a medida que ha sido necesario preferentemente a la cuenta general de pagos". PSOE e IU llevarán al fiscal anticorrupción lo que tachan de "ingreso indebido".

El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes (PP), fírmó ambos convenios el 29 de noviembre de 2005. El primero de los acuerdos, suscrito con Peel Developments España, SA, otorga un 80% más de edificabilidad a una parcela situada entre el Aquapark y el Palacio de Ferias. El Ayuntamiento cobró los 4,16 millones estipulados en el mismo momento de la firma. El segundo convenio convierte en residencial el llamado sector R.1-14, donde se iba a construir un hotel-rascacielos de 90 metros de altura. En este caso, los promotores, Leala Norte, SL, Suquimed, SL, y Patrimonial Arrebola, SA, abonaron 3,45 millones de euros el día de la firma y otros 8,59 millones el 17 de marzo de 2006.

La ley 13/2005 de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo establece que las administraciones públicas no podrán exigir ni recibir dinero por los convenios urbanísticos "hasta la aprobación del instrumento de planeamiento" que justifique dicho pago, en este caso hasta que se apruebe el próximo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, actualmente en fase de redacción.

Además, la norma, que modifica la Ley 17/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), dice que "cualquier cantidad anticipada que se entregue antes de las aprobaciones referidas tendrá la consideración de depósitos constituidos ante la Caja de la Administración actuante" y especifica que no se podrá disponer de estos depósitos "hasta la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento".

Los convenios se rubricaron ocho días después de que se publicara la ley 13/2005 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y doce días antes de que entrara oficialmente en vigor. Sin embargo, según distintos expertos en derecho urbanístico, los convenios no tienen validez jurídica hasta que no son aprobado por el Pleno municipal y el hecho de que vengan firmados por el alcalde "es un acuerdo que sólo le vincula a él".

En realidad, la aprobación por el pleno sólo se ha dado en uno de los dos acuerdos, el de la parcela de Peel Developments. En agosto de 2006, ocho meses después de entrar en vigor la ley 13/2005 se aprobó el plan de sectorización de la parcela. Los 4,16 millones de euros cobrados anticipadamente por el convenio, que nunca fue tratado como tal en el pleno, ya "han sido traspasados a medida que ha sido necesario a la cuenta general de pagos" municipal.

En el caso del sector R.1-14, el Ayuntamiento ha cobrado y ha gastado, según el informe del tesorero y el interventor, algo más de 12 millones de euros sin siquiera haber pasado por el trámite de aprobación del convenio por el pleno.

Los portavoces de PSOE e IU en Torremolinos, Juan Ortuño y Juan Antonio García, anunciaron ayer que van a aportar al delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, los "documentos que prueban el ingreso indebido de 16,6 millones por el aumento de la edificabilidad y el cambio de uso del suelo en los dos convenios". Según los portavoces, los convenios incumplen además la obligación de reservar un 30% de la superficie de la parcela para viviendas protegidas, como marca la legislación urbanística andaluza.