Denegadas las licencias para 60 viviendas en Finca do Conde de Vigo

El Consello da Xerencia de Urbanismo declaró ayer la caducidad de las licencias concedidas en julio de 2004 para la construcción de 60 viviendas en dos bloques en el ámbito de Finca do Conde, cuyo plan parcial fue anulado en diciembre último por el Tribunal Supremo. La promotora a la que se le deniegan las licencias, Finca do Conde, SA, ya construyó dos torres de 15 plantas y 114 viviendas cada una en el mismo ámbito del plan parcial anulado, donde también se ubica el centro comercial Gran Vía, promovido por ING Real Estate.

El grupo municipal socialista había solicitado la semana pasada la suspensión de las licencias para las 60 viviendas. "Es una solución tardía, pero acertada", indicó su portavoz, Mauricio Ruiz, que destacó a su vez la incongruencia que supone la decisión adoptada ayer con el hecho de que el Ayuntamiento esté defendiendo en los tribunales la legalidad de las obras ya realizadas. Pidió también que el acuerdo se traslade al nuevo plan general de urbanismo para que la paralización no sea transitoria.

El debate entre Ruiz y el portavoz del gobierno municipal, José Manuel Figueroa, reavivó la polémica sobre la resistencia del anterior alcalde, Ventura Pérez Mariño, a conceder las licencias en 2003 con "triquiñuelas políticas", dijo Figueroa, y las facilidades dadas a las obras por el actual gobierno, según Ruiz. "Si la semana pasada no hubiéramos presentado la moción, hoy las licencias serían válidas".

Aparcamiento en capilla

Figueroa aprovechó la misma sesión para dar a conocer una providencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a la alcaldesa, Corina Porro, que la insta a cumplir una sentencia contraria al ordenamiento urbanístico de la calle Rosalía de Castro y concretamente en lo concerniente a la explotación del subsuelo, donde actualmente funciona un aparcamiento que el Ayuntamiento debería cerrar.

En principio, según Figueroa, el gobierno local tendría que retirar la licencia de actividad del subterráneo para recuperar el subsuelo como patrimonio municipal. En su día, ese subsuelo se cedió para su explotación a la junta de compensación de la actuación de Rosalía de Castro, que presidía Dolores Villarino, a la sazón concejal de Urbanismo y actual presidenta del Parlamento de Galicia. Figueroa señaló la práctica imposibilidad de que el Ayuntamiento recupere la titularidad del aparcamiento y, si se cierra, por cumplir la sentencia judicial, la empresa que lo explota reclamará indemnizaciones.

El TSXG anuló en 1997 la atribución de la explotación del subsuelo a la junta de compensación y, previamente, a comienzos del mismo año, el proyecto de compensación de dicha actuación urbanística, que compatibilizó la presencia de una gasolinera con la construcción de un bloque de viviendas de diez alturas, que habría que demoler si la sentencia se ejecuta.