Imputados por corrupción cuatro altos cargos que aprobaron la tala en Navas del Marqués
El juez de Ávila que investiga la tala en Navas del Marqués. Miguel Ángel Moreno, ha citado como imputados a los cuatro altos cargos que impulsaron la urbanización en el refugio de cigüeñas. El juez acepta la denuncia ecologista y les llama para que declaren por seis presuntos delitos: prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad, contra la fauna y contra el territorio.
El juez acepta la petición del fiscal y llama a declarar el próximo 11 de abril al director de Medio Natural de Castilla y León, Mariano Torre Antón, al alcalde de las Navas, Gerardo Pérez, al ex delegado de la Junta en Ávila, Félix San Segundo (todos del PP), y al secretario municipal de Las Navas, Carlos de la Vega Bermejo.
El juez ve indicio de delito en su actuación, ya que impulsaron 1.600 chalés, hotel y campo de golf en el refugio de cigüeña negra en contra de sus técnicos. Torre citó como positivo el informe clave contrario al plan, del jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe. El juez cita a Yagüe como testigo, junto a otros dos técnicos, como pidieron los ecologistas.
Además, el Tribunal Superior de Justicia ha prohibido la tala del pinar hasta que el Supremo resuelva el recurso de la Junta a favor de la recalificación. El auto del Tribunal, notificado ayer, salva más de 63.000 pinos, ya que frena durante años -y casi los hace inviables- los planes del constructor Francisco Gómez, El Paloma, para urbanizar el bosque.
El Tribunal ya dictó en octubre que la recalificación era ilegal. Pero lo hizo tras el recurso de otro constructor que pedía que a él le recalificasen otro terreno. Como el Tribunal no le dio la razón, el recurrente no pidió la ejecución de la sentencia. Así el fallo quedó en el limbo y El Paloma taló 2.243 pinos. Las asociaciones ecologistas Centaurea y Ecologistas en Acción se personaron en la causa y pidieron la ejecución del fallo. El Tribunal les ha dado la razón hasta que sentencia el Supremo. La sala razona que si permitiera ahora la tala, el terreno "perdería todos los valores naturales" y de nada serviría en la práctica la sentencia del Supremo.
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