Anticorrupción pide a Hacienda los datos del patrimonio del alcalde de Torrevieja

La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre el patrimonio del alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP. La iniciativa del ministerio público se enmarca en la investigación judicial abierta al primer edil por la millonaria plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compra-venta de una finca rústica. El regidor, imputado ya en esa causa, declaró ayer, junto a otros dos ediles de su equipo de gobierno, en otro sumario, por pagos ilegales de 15 millones de euros, según una denuncia del PSPV.

Pedro Ángel Hernández Mateo, en la alcaldía de Torrevieja desde 1987, acudió ayer al juzgado en calidad de imputado por segunda vez en el espacio de año y medio. El regidor y otros dos concejales de su equipo de gobierno (Pascual Ortiz, responsable del área de Hacienda, y José Antonio Sánchez) comparecieron ante la titular del Juzgado número 2 por un supuesto delito de prevaricación derivado del pago de 15 millones de euros sin consignación presupuestaria.

El 28 de octubre de 2005 el primer edil torrevejense declaró, también como acusado, ante el titular del juzgado número 4 por los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. El juez investiga la plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compra-venta de una finca en el término de Almoradí. El alcalde compró la finca -18 hectáreas de suelo rústico- en 2000 por 180.000 euros, y dos años más tarde la vendió por 5,4 millones de euros. Hernández Mateo realizó la compra-venta inmobiliaria con la promotora Edén del Mar, beneficiada con adjudicaciones del Consistorio, antes durante y después de la operación.

La acusación pública, que ejerce el fiscal anticorrupción de Alicante, acaba de solicitar al juez instructor la práctica de nuevas pruebas tendentes a verificar el patrimonio del alcalde. Entre ellas, destaca un informe de la Agencia Tributaria, según han confirmado fuentes del caso.

Mientras, la comparecencia de ayer del alcalde y los ediles de Hacienda y Contratación en el juzgado está motivada por una querella presentada por el grupo municipal del PSPV. Los socialistas sostienen que el Ayuntamiento ha abonado desde 2000 más de 15 millones de euros mediante el procedimiento de reconocimientos extrajudiciales de crédito. Según los querellantes, los pagos se efectuaron sin consignación presupuestaria y con los informes en contra de la Secretaría e Intervención municipal. Entre las empresas beneficiadas por esos pagos se encuentra una firma de seguridad privada, cuyo propietario es el actual concejal de Infraestructuras, Eduardo Gil-Rebollo.

El alcalde y los ediles evitaron hacer declaraciones a su salida del juzgado. No obstante, en una posterior rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento, el regidor defendió la legalidad de las operaciones contables y subrayó que había actuado con "total honestidad".