La UE destaca la inicial pasividad municipal y su posterior movilización para justificar los gastos

El informe emitido en 2003 por el entones director general de Economía Social del Ministerio de Trabajo y hoy diputado popular Miguel Barrachina, proclamaba que asumía en su integridad todos los informes elaborados sobre el fraude del Instituto Municipal para el Empleo y la Formación (Imefe): dos de la UAFSE (Unidad Administradora del Fondo Social Europeo) y uno de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado). El ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, nunca cuestionó la cifra de fraude que fijó Trabajo en su escrito, 12 millones de euros. Las anomalías detectadas en tales informes fueron de más a menos. Un informe confidencial de la UE señalaba así la causa de esta sorprendente disparidad sobre el fraude: "Se han justificado las importantes diferencias existentes entre la versión provisional y la definitiva de los informes de la UAFSE: se deben a un cambio de actitud del organismo objeto de la auditoría, Imefe, que tras una reacción casi pasiva ante la auditoría del IGAE, una sola carta, se movilizó para aportar el mayor número posible de justificantes y facilitar las aclaraciones oportunas (...) Un cambio de dirección en el Imefe y el compromiso del personal para determinar los gastos desde 1994 permitieron obtener dichos resultados". El PSOE sospechó que tal rebaja se debió, más bien, a que los organismos auditores redujeron su presión fiscalizadora y dejaron pasar facturas que nunca debieron visar.

En todo caso, aguada o exigente, la investigación del Gobierno del PP arrojó conclusiones contundentes e inamovibles sobre la gestión del Imefe: "Graves deficiencias en el procedimiento de valoración y selección de los cursos formativos; falta de criterios objetivos para valorar las diferentes formativas; falta de seguimiento y control de los cursos, y falta de adopción de medidas correctoras ante irregularidades que hubieran podido comprobarse con simples visitas; incumplimiento de pliegos de contratación, etcétera.

Pero ninguno de tales tecnicismos dibuja el nivel de osadía del atraco a los fondos públicos que subyacía: se simularon decenas de cursos del Imefe a presos, cuya reclusión permitía una cómoda verificación. Habría bastado una llamada oficial a instituciones penitenciarias. Nunca se hizo mientras duró el fraude. El Ayuntamiento sólo descolgó el telefóno, para abroncar, cuando prisiones confirmó a EL PAIS el fraude.