El juez que no quiso que De Juana muriera entre rejas

El juez José Luis Castro es la única persona que pudo impedir la decisión del Gobierno de suavizar el régimen carcelario del etarra Iñaki de Juana Chaos. Pero no lo hizo porque entiende que la decisión "se ajusta a derecho" y, además, es una medida "humanitaria", explican fuentes de su entorno. La vida del sanguinario etarra peligraba y Castro tiene a gala que a él jamás se le ha muerto un interno entre rejas, sea quien sea. Permitir que De Juana cumpla en su casa de San Sebastián el año y medio que le resta de la condena de tres años que le impuso el Tribunal Supremo no es la decisión más difícil que ha tomado, pero sí la de mayor contestación social. El juez de Vigilancia Penitenciaria de los 3.342 presos condenados por la Audiencia Nacional huye del protagonismo mediático. Él es quien, en última instancia, decide si se progresa de grado a un terrorista (casi un tercio de sus internos), a un mafioso o a uno de los grandes narcos que tienen entre barrotes sus colegas.

Castro acaba de denegar la libertad condicional a un etarra porque no ha resarcido a sus víctimas

Es amante del cine alemán, de la literatura neorrealista italiana y disfruta con Unamuno

En los dos años que lleva al frente del juzgado de Vigilancia ha suavizado el régimen penitenciario, por ejemplo, del ex banquero Mario Conde, de Luis Roldán o del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. Pero no ha recibido "ni una sola propuesta" del Gobierno para que flexibilice la vida carcelaria de ningún etarra. Lo que sí ha hecho, por ejemplo, es denegar al etarra Andrés Michelena, en libertad condicional desde 2001, la posibilidad de que se presente los días 1 y 15 ante la Ertzaintza en Rentería, como le pedía el recluso alegando que está más cerca de su casa. Castro le ha comunicado por escrito que no porque fue en ese municipio guipuzcoano donde atentó contra un policía municipal. "Sería un escarnio para la familia de la víctima", argumenta el juez. Hace sólo unos días, el 27 de febrero, también denegó la libertad condicional a otro recluso vinculado a ETA. Vicente Sagredo Rivas quería la libertad condicional, pero el juez la ha rechazado porque no ve en él "una mínima voluntad de resarcir a sus víctimas". Uno de los requisitos de la Ley Penitenciaria para acceder al tercer grado o la libertad condicional es que el interno satisfaga económicamente a sus víctimas. Para este juez, disponer o no de dinero no puede ser un factor discriminatorio. A Castro le basta con que haya "voluntad manifiesta" de pagar. Sagredo mostró al juez su nómina (988 euros), que, con horas extra, se convierte en unos 1.300 euros al mes. El juez ha rechazado darle la libertad condicional porque ni siquiera "de forma simbólica" ha intentado este interno resarcir a sus víctimas. Y eso que la indemnización es baja y Sagredo vive con su madre.

Castro tiene dos hijos, está casado y nació en A Coruña hace 42 años. Su vida como juez ha estado casi siempre ligada a la vigilancia penitenciaria. No responde estereotipo de juez rudo y esquivo. Al contrario, sus colegas le definen "como una persona afable, trabajadora y buena gente". Es de los que, al menos un día por semana, atiende en su despacho las peticiones de las madres de los internos cuando no está visitando a los presos en las cárceles.

Es, además, una persona de convicciones religiosas, lo que envuelve sus palabras de un halo de praxis con tintes de utopía. José Luis Castro suele apelar a Dios con frecuencia en sus charlas con amigos. Le encanta leer. "Le gusta la literatura neorrealista italiana y le entusiasman el cine alemán y el fado portugués". También sublima las letras de Cortázar, Borges y Unamuno. Para él son los más grandes.

El dominico Francisco Villacorta, del convento de San Gregorio de Valladolid, conoce bien a José Luis Castro: "Recuerdo que acudía regularmente a visitar a los presos hospitalizados en el Clínico. Fue él quien impuso que los internos tuvieran el mismo horario de visitas que los enfermos normales del hospital". Según Villacorta, ya entonces tenía una obsesión: que no se le muriese ningún preso dentro de la cárcel. Una preocupación que le viene de sus primeros años como juez. En los noventa, los patios de las cárceles estaban llenos de personas esqueléticas y de ojos perdidos que deambulaban agónicas de una esquina a otra castigadas por el sida que diezmó las prisiones. Muchos murieron.

En 1997 dedicó varios fines de semana, provisto de una libreta y un bolígrafo, a visitar varios supermercados de Zamora y Salamanca y anotar los precios de productos alimenticios básicos (aceite, jabón, agua, atún, leche, galletas...). A su mesa habían llegado 150 cartas de internos del penal de Topas quejándose de precios abusivos en el economato. El fiscal le advirtió de que ese asunto no era competencia del juez de vigilancia. Pero Castro no le hizo caso y él mismo, con ayuda de algunos funcionarios, indagó las quejas. Y comprobó que los presos tenían razón: la misma marca de leche o el mismo tipo de atún, por ejemplo, eran bastante más caros en la cárcel que en la calle. Consciente de los paupérrimos bolsillos de los presos, redactó un auto, muy fundamentado, ordenando al director de la cárcel que los precios del economato se ajustasen en el futuro "a los que fijan los grandes almacenes de Salamanca y Zamora".

Castro es miembro de la asociación progresista y minoritaria en la carrera judicial Jueces para la Democracia. Como experto en Derecho Penitenciario, participó en la redacción de las normas cuyo incumplimiento en el caso De Juana se le echa en cara desde el PP. Es decir, que se ha permitido a este etarra cumplir en su casa la condena restante a pesar de que ni se ha arrepentido de sus 25 muertes ni ha tratado de resarcir a las víctimas. Ambos requisitos son necesarios para acceder a la libertad condicional o al tercer grado, pero no para acceder al segundo grado (que es el otorgado a De Juana) con aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Si el Gobierno hubiese pedido a Castro el tercer grado o la libertad condicional de De Juana, Castro "la habría denegado, porque el terrorista incumple esos requisitos", afirman las citadas fuentes.

Días antes de autorizar el traslado de De Juana a un hospital de San Sebastián, Castro se presentó en el hospital Doce de Octubre de Madrid (donde el etarra era alimentado por la fuerza tras 110 días en huelga de hambre) y habló con los tres médicos que le atienden, ajenos a Instituciones Penitenciarias. Los tres le dijeron que la posibilidad "de una muerte súbita" rondaba la vida del preso. Araceli, funcionaria del juzgado de Vigilancia 3 de la plaza de Castilla de Madrid, anterior destino de José Luis Castro, afirma: "Recuerdo que este juez resolvía en el mismo día, incluso desbordados de trabajo, las propuestas que llegaban al juzgado sobre internos que pedían la libertad condicional por enfermedad. A veces venía incluso por las tardes al juzgado para firmar un auto dando la libertad condicional a un preso agónico".

Castro es también el primer juez de España que autorizó a un preso a salir de permiso de la cárcel con un parche antidroga adosado al brazo. Si el interno consumía droga, el parche, que no podía retirarse, le delataba segando sus futuros permisos. Ahora, lleva días preocupado por la tormenta política que ha levantado su decisión, pero sigue convencido de que es una medida legal y humana. Al caso le viene al pelo un viejo probervio jurídico: Dura lex, sed lex.