El Tribunal de Cuentas critica la falta de colaboración del Banco de España, la CNMV y la dirección de Seguros
El Tribunal de Cuentas ha criticado la falta de colaboración del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y las "dificultades" que han puesto para que realice su labor fiscalizadora en los organismos supervisores.
Así consta en el informe que ha remitido esta semana a las Cortes sobre la fiscalización de la organización y los procedimientos de supervisión sobre las entidades de crédito, seguros y servicios de inversión y de la coordinación entre los organismos supervisores y con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
El Tribunal lamenta que, a la hora de comprobar el cumplimiento en 2002 y 2003 de las disposiciones legales y reglamentarias a que está sometida la actividad supervisora, así como evaluar los sistemas y procedimientos de control interno y de gestión aplicados por estas entidades, los supervisores han negado el acceso a documentación argumentando su deber al secreto profesional.
En el informe se señala que "han negado" en el transcurso de la fiscalización el acceso a todos aquellos documentos y expedientes que estiman contenía información sometida al deber de secreto profesional, lo que ha supuesto "limitaciones" en la labor del Tribunal. Además, recuerda que la independencia de funcionamiento que la legislación atribuye a las entidades de supervisión "de ningún modo les exime de control" ni es "ilimitada", así como que la labor fiscalizadora del Tribunal de Cuentas está reconocida en la Constitución Española.
"La función fiscalizadora del Tribunal viene reconocida expresamente por la Constitución" y este "reconocimiento constitucional" supone que la función del tribunal "prima sobre cualquier otra norma", por lo que "es errónea" la fundamentación esgrimida por "algunos de los órganos fiscalizados".
Además, según el informe, el acceso del Tribunal a la organización y procedimientos de supervisión "no pone en peligro" la confidencialidad de informaciones que podrían dañar el sistema financiero, ya que sus funcionarios también están sujetos al deber de secreto. La labor del Tribunal, se recuerda, tiene "gran trascendencia" económico-social, ya que contribuye a hacer transparente la gestión económico-financiera del sector público y comprobar que sigue los principios de legalidad, eficiencia y economía.
