Los comerciantes protestan contra el cierre al tráfico de Embajadores
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Más de un centenar de comerciantes del barrio de Embajadores (Lavapiés) protestaron ayer por la mañana contra el Área de Prioridad Residencial (APR), que limita el acceso del tráfico a la zona desde el pasado 31 de julio. Los manifestantes, que dieron varias vueltas a la plaza de la Villa, se colocaron petos naranjas con mensajes contrarios al APR, utilizaron silbatos para llamar la atención y chillaron sin parar. Los turistas, como es habitual en este tipo de protestas, se paraban para observar el espectáculo. "Este alboroto te va a costar el voto", gritaban los comerciantes, entre otros lemas.
Según la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas (Copyme), la llegada del APR al barrio de Embajadores ha provocado pérdidas por más de 54 millones de euros y ha puesto en peligro a más de 2.800 trabajadores. El presidente de Copyme, Salvador Bellido, aseguró ayer que ya se han perdido 1.400 empleos. "No comprendemos que se ataque la libertad de empresa y que precisamente lo haga un partido [el PP] que hace gala de defenderla. Bien, realmente hacen todo lo contrario", se quejó Bellido.
Eva Domínguez, presidenta de la Asociación de Mayoristas de Madrid (Asomam) y dueña de un negocio de bisutería, está desesperada. "¿Por qué ahora no podemos seguir con nuestros negocios si continuamos pagando impuestos?", preguntaba. Hammer, español de origen kuwaití, acusaba al alcalde de llevar "dos años sin escuchar a los comerciantes". Carlos, comerciante sirio, comentaba que ya han recibido ofertas desde Valencia y Barcelona para trasladar sus negocios hasta allí.
Rafael Algar y Luis Navarro tienen una empresa textil cada uno. Ambos hablan bien de los comerciantes extranjeros. Hay muchos chinos y árabes. Niegan que den problemas. El verdadero inconveniente, dicen, es el APR. "El barrio está muerto. En cambio, el centro por la noche es jauja... doble fila, triple fila... porque esos son los del teatrito, y para los que estamos currando todo son pegas", caricaturiza Navarro. Jorge Retamal, chileno, recordaba el caso de la planta Delphi en Puerto Real (Cádiz), donde 1.600 puestos de trabajo están amenazados. "¿Acaso lo nuestro no es lo mismo?", preguntaba.
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