La reforma de la Constitución agudiza la crisis en Ecuador

El proceso de reforma política en Ecuador, que debería desembocar el próximo 15 de abril en una consulta popular para la instauración de una Asamblea Constituyente, ha desembocado en una crisis que amenaza con paralizar el país. La pugna entre el Tribunal Supremo Electoral, encargado de convocar el referéndum, y el Congreso, que trata de frenarlo por considerar que la convocatoria es ilegal, llegó en la tarde del lunes a extremos insólitos, cuando los magistrados electorales decretaron la destitución de 57 diputados (la mayoría del Legislativo, que cuenta con 100 escaños) por interferir en la consulta. No sólo eso: en la mañana de ayer, unos 300 agentes rodearon la sede del Parlamento para impedir la entrada de los diputados destituidos.

El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, aseguró que la decisión del tribunal electoral "no será acatada, porque no tiene asidero legal", al tratarse de cargos de elección popular. El presidente del tribunal electoral, Jorge Acosta, esgrimió por su parte un artículo de la Constitución que le faculta, dijo, "a sancionar a las autoridades que interfieran en un proceso electoral".

El origen de la crisis está en la propuesta del presidente de Ecuador, el izquierdista Rafael Correa, de instaurar una Asamblea Constituyente con plenos poderes, para llevar adelante "una revolución ciudadana". Un 60% de los ecuatorianos, según las encuestas, apoya la convocatoria. Quienes se oponen temen que Correa siga los pasos del venezolano Hugo Chávez, su amigo personal, para diseñar instituciones a su medida.

Tira y afloja

A instancias de Correa, el Tribunal Supremo Electoral convocó el pasado 1 de marzo la consulta popular en los términos solicitados por el Gobierno. Al día siguiente, con los votos de 57 diputados, la mayoría opositora del Congreso decidió recurrir la convocatoria ante el Tribunal Constitucional por considerar que el estatuto enviado por el Gobierno y ratificado por el organismo electoral no respetaba los términos aprobados por el Legislativo sobre la consulta. El pasado lunes, los mismos diputados votaron la sustitución de Jorge Acosta al frente del organismo electoral (nombrado por el Congreso).

La reacción del tribunal electoral llegó horas después, con la destitución de esos 57 diputados, a quienes también se suspende durante un año sus derechos políticos. "Esa medida es un acto insólito que obedece a una guerra del Ejecutivo a otros poderes del Estado", declaraba ayer Edison Chávez, vicepresidente del Legislativo. "Es el deseo y afán del Gobierno de establecer un régimen dictatorial". Acosta, a su vez, acusó a los diputados de "conspirar contra el pueblo y la democracia" para dejar al país "sin su consulta popular".

El presidente Correa respaldó ayer la destitución de los diputados. El Gobierno, dijo una portavoz, "hará respetar y cumplir la ley", en referencia a la decisión del organismo electoral.