El Gobierno afirma que el Superior busca "sentar en el banquillo" al 'lehendakari'

El enfrentamiento entre el Gobierno vasco y los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior vasco por el encausamiento del lehendakari no parece tener fin. La portavoz del Ejecutivo vasco, Miren Azkarate, considera que, tras la nueva citación, está "suficientemente acreditada" la intención del magistrado instructor de la causa, Roberto Sáiz: "Sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarle". La dirección del PNV consideró "esperpentica" la nueva declaración, prevista para el próximo 26 de marzo, y el consejero de Interior, Javier Balza, denunció que estar aforado implica en Euskadi "tener menos protección ante las querellas política".

El Gobierno vasco hizo pública ayer una declaración en la que anunció que el lehendakari ni siquiera presentará recurso ante esta nueva "insólita decisión", al considerar "suficientemente acreditada" la voluntad del Tribunal Superior de Justicia vasco, que preside Fernando Ruiz Piñeiro, y del juez instructor del caso de "perseguir el diálogo (...) incriminar al lehendakari, sentarle en el banquillo de los acusados y juzgarle".

La portavoz, Miren Azkarate, afirmó que el Ejecutivo recibió la ampliación de la querella contra Ibarretxe con "total incredulidad" y repitió que el "nuevo despropósito" obedece a que el magistrado instructor, Roberto Sáiz, sigue "erre que erre" en su actuación, con un único criterio: el del Foro de Ermua, asociación que promovió la querella contra el presidente vasco.

Azkarate contrastó de nuevo este proceder con las opiniones expresadas por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y la Fiscalía, que no han visto delito en mantener encuentros con miembros de la ilegalizada Batasuna.

Ibarretxe acudirá a declarar el día 26, dijo la portavoz, y el Gobierno le arropará de un modo por determinar, que no parece que vaya a ser del mismo alcance que la vez anterior. El pasado 31 de enero, tres días después de organizar una manifestación en Bilbao, su Gabinete en pleno le esperó formado delante del Palacio de Justicia de la capital vizcaína, mientras él saludaba a cada uno a sus integrantes, acompañado por su mujer y varios cientos de personas, entre ellas la mayoría de cargos públicos del PNV, le aplaudían. La fórmula de apoyo que se decida para esta segunda citación está aún por decidir.

A preguntas de los asistentes a la conferencia en el Forum Nueva Economía, el consejero de Interior, Javier Balza, lamentó "el debate perverso de quien demanda que Ibarretxe pueda ser juzgado como un ciudadano más, cuando debería estar en las mismas condiciones" que el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero o el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, cuyas acusaciones por encuentros con representantes de la izquierda abertzale fueron archivadas.

Declaración de periodistas

A juicio del máximo responsable de Interior, "en este país, estar aforado da peores resultados" ante la acción de la Justicia que cuando se enfrenta a la misma acusación un ciudadano sin ese nivel de protección. Balza criticó que Ibarretxe deba volver a declarar como imputado por lo que consideró "querellas políticas"y calificó la nueva citación de "más sinsentido" en todo este proceso.

La investigación, en cualquier caso, sigue su curso. La próxima semana han sido llamados a declarar varios de los periodistas que cubrieron las noticia del encuentro entre Ibarretxe y Otegi en la sede de Presidencia de de Vitoria el pasado 19 de abril. La nueva citación del lehendakari se produce después de que el juez haya admitido a trámite la solicitud de ampliación de la querella por parte del Foro Ermua por el nuevo encuentro celebrado el pasado 22 de enero entre Ibarretxe y los dirigentes de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi y Rufi Etxeberria.

En la providencia notificada a las parte el lunes, el juez instructor ha pedido "los registros de entrada" de personas en el Palacio de Ajuria Enea y en la Lehendakaritza el día 22 de enero y cualquier otro registro de entrada en los últimos cinco meses en los que figure alguno de los 32 miembros de la Mesa Nacional del partido ilegal.

Además, el juez ha solicitado al Servicio de Información de la Guardia Civil en San Sebastián para que le informe sobre la estructura general de la izquierda abertzale y su relación con la ilegalizada Batasuna. El juez formula siete preguntas muy precisas al instituto armado. Entre otras, sobre la personalidad jurídica, los medios materiales, personales, financiación, y "si en la terminología de Batasuna se utiliza la denominación de izquierda abertzale como sustitutiva de la citada Batasuna". Además, le ha pedido que le informe si la formación ilegalizada "ha cesado en sus actuaciones tras la sentencia de ilegalización".