La juez imputa al alcalde de Riba-roja y a un empresario por delito de cohecho

Francisco Tarazona, alcalde de Riba-roja, declaró ayer en un juzgado de Llíria como imputado por un delito de cohecho en relación con el supuesto cobro de cantidades millonarias camufladas como donativos que suponían un pasaporte para la adjudicación de obras. La denuncia la presentó el empresario Vicente Pérez Saura, administrador de Ribalge SL, quien aseguró haber entregado 120.000 euros para conseguir la adjudicación de un PAI. Pérez Saura dijo que el alcalde le reclamó 7,8 millones para otros proyectos. La juez también ha imputado al empresario. Tarazona lo niega todo.

El constructor asegura que sin donativos no había adjudicaciones

El alcalde de Riba-roja acudió al Juzgado de Instrucción número tres de Llíria acompañado de familiares, colaboradores y su abogada. Nada más entrar en el despacho judicial anunció que no respondería ni a la juez ni a la acusación. Lo hizo sólo a su letrada. Negó cualquier acusación de cohecho, aseguró que las donaciones de Pérez Saura y otros empresarios fueron siempre voluntarias, que el Ayuntamiento las destinó a proyectos locales, que nunca ha visto ese dinero ni se ha quedado con un céntimo, y que es víctima de una "persecución política" porque "este señor ya me dijo que quería quitarme del sillón del Ayuntamiento".

A la juez le aportó el texto aprobado el pasado lunes por la noche en el pleno del consistorio en el que recoge una sucesión de los hechos bajo sospecha y en la que todo aparenta legalidad.

La donación a una Administración no es delito. Sin ser común, dicen fuentes de la fiscalía, no es corriente. Sin embargo, en este caso, y según fuentes de la investigación, existen indicios sólidos de irregularidad. Tarazona insiste en que nunca ha condicionado la adjudicación de obras a donativo alguno. Vicente Pérez Saura asegura que obtuvo la licencia del PAI de Gallipont en 2002 gracias al compromiso de una donación de 120.350 euros. Cantidad que efectivamente fue ingresada en una cuenta del Rural Caja a nombre del ayuntamiento y que fue distribuida, según el interventor de la corporación, del siguiente modo: 12.000 euros para la Sociedad Musical; 12.000 para el club de fútbol; 9.000 para la Cena del Cristo; y 87.350 euros para ingreso en Caja. Esta última cifra se contabilizó en la partida presupuestaria de ingresos bajo el epígrafe: Aportación Económica de Agentes Urbanizadores para fines de interés local. Y su destino fue, según el interventor del Ayuntamiento: alumbrado público de urbanizaciones; asfaltado de vías y obras; y acondicionamiento del centro de información juvenil. Fuentes de la investigación aseguran que es muy difícil demostrar que efectivamente las cantidades aportadas tuvieron ese destino porque al constituir magnitudes significativas, pueden diluirse.

El empresario, que presentó la denuncia el pasado verano y era el propietario de la mayoría de las parcelas afectadas por el PAI de Gallipont -y según el alcalde de Riba-roja el único que podía lograr la adjudicación porque su oferta fue la mejor-, niega las explicaciones del primer edil. El administrador de la mercantil Ribalge SL, también imputado por cohecho y que declaró la pasada semana por estos hechos, mantiene que está documentada la relación directa entre sus pagos bajo la forma de donaciones y la adjudicación, que esa es pauta de comportamiento, que no es la única víctima y que desde que se negó a entregar más aportaciones tiene paralizadas todas las obras. El empresario mantiene que era preceptivo comprometerse a realizar las aportaciones para poder obtener alguna licencia.

La representación del empresario aportará en breve la documentación que acredita la relación directa entre el pago de comisiones encubiertas y la adjudicación de las obras. De hecho, el Ayuntamiento lo hizo así constar en una resolución de 10 de octubre de 2002, en la que expresamente condiciona la aprobación definitiva del PAI a que el empresario, agente urbanizador, consigne a favor del Ayuntamiento los 120.350 euros.