El Gobierno informará al Congreso del trato a De Juana pero descarta el pleno que pide el PP

El Gobierno ha descartado que sea el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quien solicite un pleno extraordinario para explicar su decisión en el caso De Juana. Zapatero expondrá sus razones el miércoles en la sesión de control del Senado, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparecerá a petición propia en el Congreso. El PP, convencido de que este asunto pone a la opinión pública en contra del Gobierno, forzará una votación el martes sobre la convocatoria de un pleno extraordinario. Hoy decidirá cuándo convoca la manifestación anunciada por Mariano Rajoy el pasado sábado.

El Gobierno no se va a ahorrar explicaciones sobre su decisión en el caso De Juana, y lo hará el propio presidente en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado el próximo miércoles, donde le preguntará sobre esta cuestión el portavoz del PP, Pío García Escudero. También comparecerá, a petición propia, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la comisión correspondiente del Congreso.

Pero el Ejecutivo quiere evitar la convocatoria de un pleno extraordinario. "El 15 de enero, a los pocos días de que ETA rompiera el alto el fuego en Barajas, el presidente del Gobierno compareció en un pleno extraordinario en la Cámara baja. No va a volver a comparecer, otra vez, pocas semanas después en otra sesión similar. No queremos ir a la confrontación. Queremos explicar la decisión y lo haremos en la Comisión de Interior y en las sesiones de control al Gobierno", señaló Rubalcaba.

No obstante, el Gobierno anuncia que tanto el presidente como el ministro del Interior serán "muy contundentes" en sus intervenciones. "Vamos a explicar lo que hemos hecho, pero también vamos a contar la política penitenciaria que el PP hizo cuando gobernó". Rubalcaba adelantó ayer que "con el mismo dedo que acusa a Zapatero el señor Rajoy sujetaba la pluma con la que firmaba excarcelaciones de gente mucho antes de cumplir sus penas íntegras".

El PP piensa mantener la presión y mañana forzará una votación, en la Junta de Portavoces, sobre la convocatoria de un pleno extraordinario. "Todos los españoles, menos Zapatero, hemos resistido al chantaje de ETA. No puede esconderse", aseguró ayer Ana Pastor. De momento, como casi siempre que aparece alguna cuestión relacionada con la lucha antiterrorista, no parece haber fisuras. El presidente de los populares catalanes, Josep Piqué, que se suele colocar al frente de los moderados del partido, es un buen termómetro del ambiente entre los dirigentes. Y ha sido uno de los más duros con Zapatero, a quien ha acusado incluso de mentir sobre una huelga de hambre que todo el PP pone en duda.

La aparición de pancartas fascistas o ultraderechistas en las primeras manifestaciones de protesta contra la prisión atenuada para De Juana, algunas de ellas junto a destacados miembros del PP, entre ellos Ana Botella, tiene preocupados a algunos dirigentes, que se escudan enseguida en que "son cuatro gatos" a los que sólo los más fieles al PSOE identifican con el PP de Rajoy.

Para tratar de tomar las riendas de la situación, la cúpula del PP -maitines y el Comité de Dirección- se reunirá hoy con la intención de decidir la fecha y el lugar de la manifestación anunciada por Mariano Rajoy. María San Gil ya ha hecho llegar la sugerencia de que se realice en el País Vasco, según fuentes de la dirección. Esta convocatoria tendría un fuerte contenido simbólico, pero también riesgos evidentes, incluso de seguridad. Será el líder quien tome la decisión final. Rajoy y su entorno también han debatido durante el fin de semana la fecha de celebración de la manifestación. Hacerla muy pronto implica menor poder de convocatoria. El próximo sábado, el PP tenía previsto un acto de presentación de candidatos municipales, que pueden ayudar a la construcción de la alternativa que tanto interesa a Rajoy. No parece, pues, el mejor momento.

Meter presión

Pero retrasarla mucho implica retirar presión al Ejecutivo, explican fuentes de la dirección, antes de que tome la decisión clave: si pone en marcha todos los mecanismos policiales y legales para evitar que Batasuna pueda presentarse a las elecciones -el plazo estará abierto entre el 18 y el 23 de abril-. La dirección del PP está convencida, y así quedó patente en la última reunión de maitines, la semana pasada, de que Zapatero "quiere continuar el proceso" y por ello permitirá a la izquierda abertzale que se presente, de una u otra manera. Por eso meterá toda la presión posible para que cuando el Gobierno tome la decisión la opinión pública, y sobre todo el electorado que podría llegar a votar al PP, ya esté preparado para la crítica.

Algunos de los dirigentes más moderados admiten que no están "cómodos" en este debate, del que la mayoría piensa que comporta un alto riesgo de pasada de frenada, pero culpan a Zapatero de ser quien, con sus frases -como la de la semana pasada, en la que apreciaba "elementos distintos" en una declaración de Otegi-, y con decisiones como la de De Juana, coloca el asunto sistemáticamente en el centro de la agenda política.