Un plan para la Bahía

Si algo no tiene la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación para buscar una solución al problema de Delphi es tiempo, fundamental en un asunto tan complejo. No hace ni 10 días que la empresa anunció su decisión de cerrar la fábrica de Puerto Real. Todo este tiempo lo ha consumido la Junta en la ingrata tarea de encontrar un interlocutor cualificado. Parece que la dirección central de Delphi ha encargado al despacho de Garrigues Walker que los represente en este asunto. Según parece, la decisión de la empresa es firme, aunque no se puede descartar que sea una estrategia de negociación. En cualquier caso, la Junta y el Gobierno no disponen de mucho tiempo para evaluar la situación y adoptar alguna medida.

Por ahora, los trabajadores y sus familias han demostrado una moderación extraordinaria dada la decisión tan brutal que se les ha planteado. Sobre todo si se les compara con los operarios de la vecina planta de Navantia, que a estas alturas tendrían cortado el tráfico en el puente Carranza y habrían prendido fuego a la ciudad de Cádiz. Los trabajadores de Delphi han entendido que los ciudadanos de la Bahía son sus aliados y que la Administración es el vehículo para canalizar sus puntos de vista. En 10 días han realizado varias manifestaciones, incluida la masiva del día 1 de marzo, han decidido seguir en sus puestos de trabajo y llevar a cabo una estrategia inteligente.

Por ahora han concitado el apoyo de todos los partidos, sindicatos y ciudadanos en sus reivindicaciones. Pero no parece posible que esta moderación dure para siempre. ¿Qué ocurrirá cuando se acabe la materia prima existente en la fábrica? ¿y cuando llegue la hora de cobrar la siguiente nómina? Por otra parte, los partidos políticos han hecho suya la causa de manera moderada y responsable ¿hasta cuándo va a durar esta estrategia? Las elecciones están a la vuelta de la esquina y el clima político en España no parece el más propicio para el debate sereno.

La situación de la fábrica, la actuación de los trabajadores y la premura del calendario político hacen que el tiempo se agote. La Junta y el Ministerio de Industria tendrán que acelerar la negociación y la búsqueda de soluciones. Y no parece que el camino de las bajas incentivadas, las prejubilaciones y las recolocaciones vaya a ser fácil de aceptar. La Bahía de Cádiz ha vivido varias crisis del sector naval en los últimos 23 años, con la pérdida de más de 10.000 empleos directos. La última se saldó con 1.200 prejubilaciones tras unas semanas agitadas. Altadis ha hecho otra reestructuración que ha supuesto la salida de 167 trabajadores en los últimos meses y ha dejado la factoría gaditana en su mínimo histórico. Tan sólo Airbus, de las grandes empresas de la Bahía, aguantaba junto con la planta de Dragados Offshore. La industria aeronáutica está en plena crisis, aunque parece que la repercusión será pequeña en la fábrica de Puerto Real.

Esta situación de crisis industrial ha reducido el papel económico de la Bahía de Cádiz y ha cambiado la naturaleza de la actividad productiva. Las bodegas y el sector pesquero pasaron por una profunda crisis hace años. Todo ello se ha paliado por ahora con el emergente sector turístico. Aun así, el paro en la provincia de Cádiz asciende a 104.706 personas, un 13,7 %, el menor en muchos años pero el tercero de España. En estas circunstancias es difícil que la Bahía pueda digerir el cierre de la empresa, como podría ocurrir en otros lugares. El Gobierno ha dicho que no abandonará a los trabajadores a su suerte, lo que puede tranquilizar a muchos. Pero hace falta mantener la empresa y un plan de reactivación industrial que tenga como base una política de incentivos y de fomento de la investigación productiva para promover la instalación de nuevas empresas. Algunos reclaman una solución pública, tipo Santana Motor de Linares, pero no sería una solución definitiva. El Estado no puede ser un hospital de empresas pero sí debe implicarse en una política industrial activa a favor de las zonas con mayor desempleo.