La publicidad institucional se regulará por ley tras otra derrota del Ejecutivo

La oposición infligió ayer una nueva derrota al Gobierno al sacar el PP adelante, con el apoyo del PSE y Aralar, una iniciativa legislativa cuya toma en consideración trató sin éxito de impedir el Ejecutivo. Se trata de una proposición para regular por ley las campañas institucionales de publicidad y comunicación. Es la novena iniciativa legislativa que la oposición consigue que sea tramitada en la Cámara en contra del deseo del Gobierno.

La proposición de ley articulada que defendió el popular Antón Damborenea seguirá en la Cámara la misma tramitación que los proyectos remitidos por el Gobierno, con la apertura de un período de presentación de enmiendas, debate en ponencia, comisión y pleno. Su objetivo declarado, según el proponente, es "impedir que el Gobierno use fondos públicos para promover campañas partidistas", con la que publicitó el Plan Ibarretxe.

La modificación que introduciría en la regulación actual, recogida en un decreto de 1989, afectaría tanto al Gobierno como a los ayuntamientos, aunque no a las diputaciones. Esta exclusión fue uno de los reproches lanzados desde los grupos del Gobierno, en su infructuoso intento de cortar el paso a la propuesta.

La oposición ha logrado que prosperen casi tantas iniciativas legislativas como proyectos de ley ha enviado el Gobierno en los casi dos años de este mandato. Miembros del Ejecutivo restaron en privado relevancia a este hecho.

La iniciativa del PP define las campañas institucionales de publicidad y comunicación y enumera los requisitos que deben cumplirse para promoverlas y las prohibiciones que les afectarían. Regula también la comisión interdepartamental de publicidad, ya existente por el decreto de 1989, a la que se obligaría a realizar un plan anual aprobado en consejo de gobierno y a enviar un informe también anual al Parlamento. Recoge, igualmente, un sistema de garantías y de sanciones.

Nada de esto les parecía necesario al Gobierno ni a los grupos que lo sostienen, por considerar que el sistema actual funciona adecuadamente y entender que la propuesta del PP resulta ser una mera reproducción de la legislación general.

Sobre la mesa quedaron otras dos proposiciones de ley en las que el Gobierno logró el apoyo de Aralar, con el resultado de sendos empates que deberán dilucidarse en el próximo pleno. Se trata de otra propuesta del PP y de una tercera del PSE. Esta última, para obligar por ley al Gobierno a presentar al inicio del mandato un calendario legislativo y a precisar cada año, tras el debate el política general, qué proyectos de ley y planes enviará a la Cámara en el ejercicio.

En ausencia de EHAK, el voto de Aralar volvió a ser decisivo. Ese grupo cambió su reciente apoyo a una moción en el mismo sentido por la negativa ahora. Su parlamentaria, Aintzane Ezenarro, argumentó que una cosa es pedir al Gobierno que lleve el calendario a la Cámara y otra, exigírselo por ley.