El grupo italiano adquiere otro 0,42% de Endesa y controla ya un 22%
La eléctrica italiana Enel anunció ayer que ha adquirido, mediante derivados financieros, el control de otro paquete de acciones de Endesa, el 0,42%, por 176 millones de euros.
Con la nueva compra, Enel controla ya el 22% de la primera eléctrica española, un 10% de forma directa. La inversión del grupo, desde que se inició el martes, ronda ya los 9.000 millones de euros.
Como en las operaciones realizadas durante la semana, la compra de ayer está condicionada a que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) autorice a la empresa a superar el límite del 10%. El ponente de la Comisión para elaborar este expediente será el consejero Jaime González, propuesto en su día por el PSOE. Otro consejero, Javier Peón, que fue elegido a propuesta del PP, será el encargado del expediente para decidir si se autoriza a Enel a participar en dos compañías calificadas de "operador dominante" en el sistema eléctrico. Enel participa ya en Endesa y es propietaria de Viesgo.
Aunque Peón puede tener, quizá, poco trabajo. Fuentes de la CNE aseguran que Viesgo podría salir en fechas muy próximas de la lista de "operadores dominantes" en el sistema eléctrico al ser superada en cuota de mercado por Gas Natural.
En la Bolsa, las acciones de Endesa bajaron ayer un 0,72% y cerraron a 38,50 euros por título, por debajo de los 38,75 euros ofrecidos por E.ON en su oferta y por debajo, también, de los 39 euros que está pagando Enel.
Sobre la posibilidad de que E.ON pudiera plantear compras de acciones de Endesa por encima de los 38,75 euros de la OPA, fuentes del grupo señalaron ayer que no lo han solicitado a la CNMV.
En el caso de que lo hiciera y el órgano regulador lo autorizara, el grupo E.ON debería ofrecer el nuevo precio a todos los accionistas de Endesa. Aunque las interpretaciones de la norma, en este punto, no son unánimes. Fuentes de la CNMV aseguraban ayer que en todas las leyes caben las interpretaciones. Un argumento que, en el lado crítico con la operación de Enel, se utiliza como prueba de que el hipotético bloqueo de E.ON en Endesa extiende la inseguridad jurídica.
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