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Sólo el PP vota en contra de la nueva Ley del Suelo, que busca poner coto a la especulación

La norma establece que el precio de los terrenos no dependerá de las expectativas de urbanización

La futura Ley del Suelo cambiará radicalmente el criterio de valoración de los terrenos, para que su precio sea el real y no se base en las expectativas de lo que pueden llegar a valer. Ésa es la filosofía de la ley que ayer aprobó el Congreso -con el apoyo de todos los grupos salvo el PP- y que defendió su impulsora, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. Los populares criticaron el texto porque "pretende abaratar las expropiaciones". Los demás grupos comparten que la norma, que reserva el 30% del suelo a vivienda protegida, frenará la especulación, que se disparó con la ley de 1998.

"Con esta ley no se termina la corrupción, pero se pone freno a la especulación, que abre la puerta a la corrupción". Esta idea del portavoz socialista de Vivienda, Francisco Contreras, está en la base de la nueva norma, que aún debe pasar el trámite del Senado.

La ministra Trujillo agradeció a los grupos parlamentarios sus aportaciones y su afán de acuerdo. Al final, el marcador del pleno del Congreso fijó el consenso de todos salvo el PP. Los grupos nacionalistas como CiU y ERC, y también IU-ICV, intentarán ahora introducir cambios durante el debate en la Cámara Alta.

Ha habido mucho trabajo en torno a esta ley, que recibió tres enmiendas a la totalidad y después 300 enmiendas parciales; finalmente se retiraron totalmente 140, se aceptaron 93 transaccionales -consensuadas- y ayer llegaron al pleno del Congreso 65 enmiendas que, previsiblemente, se reiterarán en el Senado. La mayoría, por considerar que se vulneran competencias de las comunidades autónomas.

El PP, sin embargo, centra su objeción en un asunto clave de la ley: la valoración del suelo. "Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la explotación, según su estado en el momento al que debe entenderse referida la valoración". Así reza el artículo 22 de la futura normativa, que fue explicado con un ejemplo real por el ponente socialista, Francisco Contreras.

De patatal a viviendas

Pongamos, dijo, un patatal que tiene un valor de seis euros el metro cuadrado, "como mucho". Por el mero hecho de que el patatal pase a ser terreno para urbanizar 50 o 60 viviendas por hectárea, con unos costes de edificación de 50 euros por metro cuadrado y un precio de venta de 2.000 euros por metro cuadrado, el valor del suelo a partir de ese momento se convertiría, como mínimo, en 300 euros. Es decir, se pasaría de seis a 300 euros. "Con esta ley eso no ocurrirá", aseguró Contreras.

Los beneficios de la nueva normativa que exhiben el Gobierno, el PSOE y el resto de los grupos que la apoyan no los encuentra el ponente del PP, Pablo Matos, quien, pese a haber trabajado intensamente en la tramitación y haber llegado a acuerdos parciales, finalmente emitió, con el resto de su grupo, un voto negativo.

A juicio de Matos, el objetivo de esta ley es "un abaratamiento de las expropiaciones", y no evita "la especulación ni la corrupción". El texto aprobado "destruye el concepto de justiprecio y persigue que a las administraciones públicas y a los promotores inmobiliarios les salga más barato expropiar a un ciudadano", se lamentó Matos.

Es un "disparate" pagar el precio de suelo de un patatal cuando se van a construir viviendas o naves industriales, señaló el ponente popular. "Eso sólo beneficia a las administraciones públicas y a los promotores, ya que las expropiaciones salen muy baratas". Y añadió: "Es tal el disparate que han tenido que aceptar una enmienda de Izquierda Unida que dice que ese precio podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de la localización del suelo, para igualarlo a fincas análogas".

En efecto, esa modificación fue introducida por IU-ICV, como también otra que eleva del 25% al 30% el porcentaje de suelo obligatoriamente destinado a vivienda de protección oficial, según resaltó el portavoz de ese grupo, Joan Herrera. Éste defendió globalmente la ley, aunque pidió mesura para no crear expectativas falsas sobre la solución del problema de la vivienda.

Más precisión sobre las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, y singularmente de Cataluña, hubiera querido Herrera, como también los portavoces de CiU y ERC, Jordi Jané y Josep Andreu, respectivamente. Tampoco el portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, estaba satisfecho en ese aspecto, aunque igualmente apoyó la ley. Y lo mismo José Ramón Beloki, del PNV, y Luis Mardones, de Coalición Canaria. "Esta ley justifica toda una legislatura", afirmó la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, para felicitar a su compañera de banco azul, María Antonia Trujillo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de marzo de 2007