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Controversia política por el 'caso De Juana'

Las víctimas se movilizan contra el Gobierno

El Foro Ermua y la AVT califican la decisión de "cesión al chantaje" de De Juana

Varias asociaciones de víctimas del terrorismo realizaron ayer convocatorias urgentes contra la decisión del Gobierno de conceder prisión atenuada a Iñaki de Juana. El Foro Ermua promovió una protesta a las ocho de la tarde de frente al Ministerio del Interior, en Madrid, a la que se adhirió la AVT. Y la asociación de víctimas del País Vasco Covite ha convocado para hoy una conferencia de prensa frente al Hospital Donostia, donde está ingresado De Juana.

El portavoz del principal colectivo de las víctimas del independentismo irlandés, FAIR, declaró a Servimedia que el Gobierno español ha "sucumbido al chantaje". Fue la rúbrica a la reacción unánime de las asociaciones de víctimas del terrorismo etarra, que tras conocerse la decisión promovieron actos de protesta.

Las víctimas están "indignadas, dolidas y desesperadas", según dijo ayer el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz. Esta asociación se ha manifestado en varias ocasiones contra la política antiterrorista del Gobierno durante la legislatura. "Estamos dolidos por tener un Gobierno que miente y comete un fraude de ley para beneficiar a un terrorista, y desesperados por ver cómo se rinde para ceder a su chantaje siguiendo las instrucciones de Batasuna-ETA, que exigían la excarcelación de De Juana", insistió Alcaraz.

Tras conocerse que el terrorista abandonó la huelga de hambre, la AVT añadió que "si el motivo de atenuar la condena del terrorista ya era una ironía macabra, mucho más lo es si el propio asesino abandona la supuesta huelga de hambre jactándose de haber logrado el objetivo que perseguía".

"Le han quitado la condena"

Algunos portavoces de las víctimas reaccionaron como si la decisión del Gobierno librara a De Juana del cumplimiento pendiente de la condena. "Le han quitado la condena a De Juana, le han quitado un año de condena que le quedaba por cumplir", dijo Soledad Jiménez Becerril, hermana de Alberto Jiménez Becerril, concejal del PP en Sevilla asesinado por ETA junto a su mujer.

Jiménez Becerril opina que no hay "ningún motivo humanitario en la excarcelación del etarra", como citó el ministro del Interior cuando explicó su decisión por la mañana. "El comportamiento que ha tenido [De Juana] no inspira en absoluto los motivos humanitarios". Según la hermana del concejal asesinado, lo que está detrás de la decisión es que "viene mejor a los planes que ellos tienen", en referencia al diálogo con la banda.

El Foro Ermua pidió directamente la dimisión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la convocatoria de elecciones generales. A través de un comunicado, el Foro opinó que el cambio de la situación penitenciaria del etarra De Juana es una "decisión personal" de Zapatero. El colectivo que preside Mikel Buesa sostuvo que, al acordar esta prisión atenuada, el jefe del Ejecutivo "ha agotado definitivamente la poca credibilidad y legitimidad democrática que le quedaba ante la mayoría de los españoles". La reclamada convocatoria a las urnas serviría, en su opinión, para que "el pueblo decida qué política frente al terrorismo merece su confianza".

En conferencia de prensa, la presidenta del PP vasco, María San Gil, consideró "una prueba más de que el proceso sigue" la decisión de Interior. San Gil llamó a una "rebeldía cívica" y, concretamente, a expresarla en las próximas elecciones autonómicas y municipales.

La polémica alcanzó al Consejo General del Poder Judicial, cuyo portavoz, Enrique López, dijo que se trata del "primer caso en nuestra historia judicial en materia de tratamiento penitenciario en el que la voluntad expresa de un preso de colocarse en riesgo vital para conseguir su excarcelación tiene como consecuencia la aprobación de un régimen penitenciario especial". Sus palabras fueron contestadas por parte de los vocales de la minoría progresista del Consejo, que lamentaron profundamente esas manifestaciones, que consideran un "ataque" a las resoluciones judiciales, ya que ponen "en duda el correcto ejercicio de la función jurisdiccional por el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional". López aclaró poco después que en su "ánimo nunca estuvo criticar" las resoluciones judiciales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 2 de marzo de 2007