El FBI investiga el asesinato de los tres diputados en Guatemala
Agentes del FBI trabajan de lleno en la investigación del brutal asesinato de tres diputados salvadoreños y de su chófer, ocurrido el martes 20 en Guatemala, y agravado por la matanza, cinco días después, de los supuestos autores materiales, cuatro policías de élite que habían sido recluidos en una cárcel de alta seguridad.
La participación de los investigadores estadounidenses fue solicitada por el Gobierno guatemalteco no sólo por las carencias tecnológicas de su propia policía, sino para garantizar la seriedad en un caso que ha enfurecido a las autoridades de El Salvador. De hecho, tras el asesinato de los cuatro agentes, ocurrido en oscuras circunstancias durante un motín, los responsables de seguridad de ambos países han integrado una comisión conjunta para dar seguimiento a las investigaciones.
El caso ha llegado hasta la Casa Blanca, donde el presidente estadounidense, George W. Bush, recibió el martes a su homólogo salvadoreño, Antonio Elías Saca. Bush le ofreció ayuda para investigar los ocho asesinatos.
El FBI trabaja con los agentes de la fiscalía guatemalteca y ha realizado ya el peritaje del vehículo en el que fueron tiroteados y quemados los diputados. La policía, de momento, queda en un segundo plano, sobre todo porque el caso ha puesto de manifiesto la infiltración del crimen organizado en esa institución.
Los tres diputados salvadoreños, pertenecientes a la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA, derecha) se dirigían a Guatemala para participar en la sesión plenaria del Parlamento Centroamericano. Al llegar a la capital fueron secuestrados por siete agentes (los cuatro asesinados y otros tres prófugos) quienes, al cabo de tres horas, los asesinaron en las afueras de la ciudad.
Ayer se entregó uno de los fugados, Marvin Contreras Natareno, para el que el juez ha dictado la orden de prisión, informa José Elias desde Guatemala, aunque se baraja que podría ser llevado fuera del país para tratar de garantizar su seguridad.
Las autoridades creen que el crimen pudo deberse a un error y que los asesinos estaban convencidos de que los diputados eran narcotraficantes colombianos que transportaban dinero o droga.
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