La Generalitat fijará la ocupación máxima de los pisos para evitar las sobreocupaciones

El Gobierno catalán regulará por decreto la cantidad máxima de personas que pueden residir en una vivienda para luchar contra la sobreocupación y el hacinamiento que sufren algunos colectivos, sobre todo inmigrantes, según anunció el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar. El Parlament dio ayer luz verde a la tramitación del proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda tras rechazar las enmiendas a la totalidad de CiU y el PP. El Ejecutivo catalán mantendrá en el texto el alquiler forzoso de pisos vacíos, aunque Baltasar se mostró dispuesto a discutirlo.

Ahora está en vigor un decreto de 2003 que establece que en los pisos de menos de 40 metros cuadrados pueden vivir una persona por cada 10 metros. El Gobierno catalán ya está elaborando, explicó ayer Baltasar, otro texto legal que fije "tajantemente" el tope de personas que pueden vivir en un piso y que persiga a quienes "con muy mala fe, sobreexplotan" a gente que necesita una vivienda.

Precisamente, la lucha contra la sobreocupación es una de las medidas del proyecto de ley que cuenta con el apoyo de CiU. La federación nacionalista presentó una enmienda a la totalidad del texto que ayer se presentó en el Parlament. Sin embargo, el diputado de CiU Carles Sala reconoció y enumeró "las virtudes" del texto: la voluntad de dar prioridad al alquiler y la vivienda de protección, la lucha contra el hacinamiento y el acoso, las medidas para mejorar la calidad del parque público y la transparencia en la intermediación inmobiliaria.

Sin embargo, consideró que el texto es demasiado "intervencionista" y criticó "las expropiaciones forzosas del usufructo de los pisos vacíos" y los 90 años de calificación de las viviendas públicas. Además, recriminó al Ejecutivo que municipios gobernados por CiU como Sant Cugat promuevan más viviendas sociales por habitante que, por ejemplo, Barcelona.

Baltasar se mostró dispuesto a discutir todas las medidas. "No hay ningún punto inamovible", sostuvo. El consejero ecosocialista reivindicó "la necesidad de la intervención del sector público" para reconducir "las ineficiencias" del mercado, pero en su discurso hizo no pocas referencias a la voluntad de alcanzar pactos sobre vivienda.

Los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo votaron en contra de las enmiendas a la totalidad de CiU y el PP. También las rechazó Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que, no obstante, se opuso a la medida del alquiler forzoso.

Más unidad generó el debate sobre la admisión a trámite del proyecto de Ley de Obra Pública en Cataluña. El texto, un compromiso del anterior Gobierno a raíz de la crisis del barrio del Carmel, implica un incremento de los requisitos que aplicar a la hora de adjudicar y controlar las obras de la Generalitat. Ello ha comportado que CiU y el PP muestren su temor a que la obra pública se vea lentificada por los nuevos requisitos.