Urbanismo lleva a los tribunales a Barreiros por no paralizar 345 pisos

La Consellería de Política Territorial interpondrá un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Barreiros al no haber atendido en plazo los requerimientos para anular cinco licencias con las que se prevé la construcción de 345 viviendas. Se trata de edificaciones que se encuentran muy avanzadas y en algún caso pendiente únicamente del certificado de finalización de la obra.

Política Territorial sostiene que se trata de licencias "nulas de pleno derecho", ya que incumplen requisitos legales por no tener garantizado, entre otras cuestiones, el saneamiento y abastecimiento de agua potable. Además, todas ellas fueron otorgadas pese a contar con un informe jurídico desfavorable emitido por la secretaria del propio ayuntamiento.

Ayer mismo se recibió en la Dirección Xeral de Urbanismo una comunicación del Ayuntamiento de Barreiros en el que daba cuenta de que no atenderían los requerimientos efectuados por Política Territorial. Esta información llevó a la consellería a adoptar la decisión de proponer el recurso contencioso-administrativo, que emprenderán de inmediato los servicios jurídicos de la Xunta para anular las licencias. Los requerimientos se corresponden con distintos acuerdos adoptados por la junta de gobierno local entre enero y marzo de 2006. Política Territorial también pidió el pasado 9 de febrero a este Ayuntamiento todas las actas de las juntas de gobierno del pasado año para revisar las licencias otorgadas que, de consolidarse, permitirán la construcción de unas 5.800 viviendas.

Con anterioridad, Política Territorial había decretado la paralización de las normas de planeamiento de Barreiros al interpretar que se estaba produciendo un crecimiento urbanístico desordenado. Actualmente el urbanismo de este Ayuntamiento de la costa de Lugo se rige por unas normas provisionales decretadas por la Xunta hasta que no cuente con un nuevo plan general de ordenación municipal.

Decisión esperada

El alcalde de Barreiros, el popular Alfonso Fuente Parga, dijo que se trata de una decisión "esperada" y defendió la legalidad de las licencias ya que, sostuvo, "hasta seis juristas distintos concluyen que están bien otorgadas y que las construcciones se realizan en suelo urbano consolidado".

Hizo hincapié en que todos los servicios "están garantizados", expresó su deseo de que la resolución judicial se produzca "cuanto antes" y lamentó que la decisión de Política Territorial se haya tomado de forma "unilateral" y "sin haber llamado nunca para entablar un diálogo". También constató que existe un "movimiento social" de vecinos y promotores que puede derivar en alguna acción de protesta contra la Consellería de Política Territorial. "Como alcalde no voy a promover ninguna iniciativa, pero si se convoca una manifestación es probable que participe", ya que, añadió, "Barreiros se ve amenazado".